Familiares responsables de Oliver, perrito asesinado el pasado 15 de mayo en la comunidad de Magdalena Manzana en Actopan, señalaron a la jueza Barbara Santos Ordoñez del Poder Judicial de Hidalgo por pasar por alto el asesinato de un perro con arma de fuego dentro del área protegida conocida como Corredor Biológico del Puma.
Luego de la sentencia dictada el pasado 9 de agosto en los juzgados penales de Actopan, en donde la jueza declaró inocente al asesino de Oliver, los propietarios Rosa Pérez y Daniel Gabriel, acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) para denunciar las irregularidades por parte de las autoridades en torno al caso.
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Esto, ya que desde el momento en que se intentó levantar la denuncia por maltrato animal, los ministerios públicos de Actopan se negaron, alegando que no tenían el recurso para hacer un peritaje, lo que entorpeció el proceso y por lo tanto no se acreditó si el canino estaba o no en propiedad del agresor.
Dichas inconsistencias pudieron llevar a que la jueza declarara la inocencia del responsable, sin embargo, la victima refirió que se hizo la petición durante las audiencias para que le retiraran el arma de fuego o se investigara su procedencia, “sobre todo porque en esa comunidad se ha pedido a las personas que no pueden atacar a un animal de cualquier especie, por ser un área protegida” comentó.
Los familiares de Oliver hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para investigar el uso de armas por parte de civiles en este municipio, especialmente por ser una zona protegida.
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Alba Luisa Jiménez, representante de la asociación La Jauría de Balú, y quien dio acompañamiento a los propietarios de oliver en el caso, dijo que tales hechos dejan en evidencia que las autoridades no están capacitadas para la atención de casos de maltrato animal, tanto en la Procuraduría General de Justicia como en el Poder Judicial.
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