El 15 de agosto de 2025, los medios de comunicación de Los Mochis, Sinaloa, reportaron que durante el mes de julio falleció Josefina, una adolescente raramuri de 13 años de edad, víctima de la violencia obstétrica por un aborto inseguro.
De acuerdo a la información disponible, Josefina, acudió a una clínica publica de Caborca, Sonora para realizarse un aborto. Ahí el personal de salud realizó un legrado, método que en 2022 tanto la Organización Mundial de la Salud, como el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud Federal han declarado obsoleto por el dolor, sufrimiento y las complicaciones que causa a las personas y se ha ordenado a los equipos de salud sustituir por técnicas con medicamento o Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
Ni a Josefina ni a sus familiares se les informó que durante el proceso hubo una perforación uterina, la cual es una de las complicaciones esperadas en un legrado y que, de atenderse a tiempo, garantizan la sobrevivencia de las personas. Por lo cual Josefina, continuó su trayecto hacia Sinaloa, a la comunidad de Juan José Ríos, en Los Mochis. Ahí comenzó a sentirse muy mal y el 18 de julio fue internada de urgencias en el Hospital General de Los Mochis, en el que se diagnosticó sepsis puerperal que provocó su muerte.
La familia de Josefina acudió a reclamar su cuerpo hasta el 13 de agosto de este año.
En Sonora el aborto continúa siendo un delito en cualquier momento de la gestación, en Chihuahua y Sinaloa es un derecho parcial, pero en los que no se ha alcanzado un índice de calidad en los servicios públicos.
Esta experiencia retrata todo el entramado de violencias que las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con posibilidad de gestar atraviesan cuando el Estado no garantiza el acceso al aborto o lo hace q medias, el cual se complejiza aún más cuando eres una persona indígena y en una condición social precaria en un país con altas tasas de discriminación.
La negligencia cometida en la clínica de Caborca era totalmente prevenible y la complicación también era atendible, sin embargo el actuar del personal de salud está fundado en el estigma que el delito de aborto produce ya que no soló impide el acceso y genera criminalización, sino que no permite que los equipos médicos sean capacitados y actualizados, que tengan acceso a los insumos necesarios como mifepristona, misoprostol y AMEU, ni tampoco se generan condiciones para la supervisión de la calidad de los servicios y mucho menos permite tener rutas específicas para la atención de grupos vulnerados como las personas indígenas en las cuales se garantice que la información se les dará en su lengua.
También se puede observar que no es suficiente con haber legalizado, sino que se requiere de un seguimiento sobre la calidad de los servicios, una capacitación profunda a los equipos de salud para que puedan atender todas las complicaciones que puedan presentarse, así como la disponibilidad de recursos materiales para este objetivo y tener rutas específicas para la atención de grupos vulnerados.
Los tres estados están obligado a intentar reparar el daño a la familia de Josefina y realizar las medidas de no repetición para que esto no vuelva a suceder.
¡La muerte de Josefina, no puede quedar impune y no puede volver a repetirse!
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