La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió denuncias contra seis municipios de Hidalgo por las presuntas irregulares referentes a la custodia, manejo y aplicación de recursos federales relacionados con fideicomisos de programas mineros, de acuerdo con el Informe sobre la Situación que Guardan las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas por el ente fiscalizador.
El documento, con corte al 31 de marzo, refiere que los municipios de Zimapán, Mineral del Chico y Tlanchinol fueron denunciados por dicha situación relacionados con el extinto Fideicomiso de Administración y Pago denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y de su antecedente Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
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Respecto al primer ayuntamiento, acumula tres querellas de las cuales dos se encuentran en análisis de la información para determinar si procede la denuncia o no y una se encuentra en la elaboración del dictamen técnico jurídico. Las observaciones derivan de la cuenta pública 2017.
En cuanto al segundo y tercer municipio, la ASF se encuentra en el análisis de la información presentada en la denuncia y también corresponden al ejercicio fiscal 2017.
Los fondos mineros fueron creados con la intención de distribuir regalías entre los municipios ubicados en las zonas de extracción minera para fomentar el desarrollo y la infraestructura. Esencialmente se constituyó con el objetivo de incentivar el desarrollo continuo de las comunidades ubicadas en zonas mineras beneficiadas y afectadas por su trabajo, por medio de proyectos productivos con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
Sin embargo, fue denunciado que dichos municipios no ejecutaron los recursos como lo establecían los lineamientos, por lo que la ASF deberá determinar si existen elementos para iniciar una investigación contra los señalados.
La auditoría recibió 291 asuntos presentados como denuncias fundamentadas en el Título Cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), de los cuales 58 asuntos no cumplieron con los elementos y requisitos establecidos en el ordenamiento, por lo que no procedieron; 84 asuntos se encuentran en elaboración del dictamen técnico jurídico y 149 se encuentran en análisis de la información.
La ley refiere que cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío; el quejoso deberá presentar documentos y evidencias con las cuales se presuma la irregularidad.
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Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos derivado del desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones, entre otros.
Así como la comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, e inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.
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