La persecución, intimidación y acoso a reporteros no pueden convertirse en prácticas cotidianas, que deban ignorar las autoridades de los diferentes niveles, tampoco quedarse solo en señalamientos y muestras de solidaridad en publicaciones en las redes sociales, la obligación es, erradicar estas conductas que atentan contra la libertad de los comunicadores.
El caso de Miguel Ángel Martínez, reportero desde hace más de dos décadas en la región de Tula, y crítico de las administraciones municipales en sus diferentes colores partidistas, además de la práctica clandestina e ilegal de grabar y tomar fotografías a reporteros y dueños de medios de comunicación, para evidenciar con quienes se encuentran, forma parte de una cadena de hechos tan cuestionables como preocupantes.
No es la primera vez que se conocen de abusos en municipios del interior del estado en contra de reporteros, donde las autoridades regionales se consideran absolutas y poco les importa transgredir la ley, para tratar de frenar las críticas y cuestionamientos a sus deficiencias de gobierno.
Tula vive de sí un escenario complicado, por la inseguridad y la operación de células del crimen organizado que han derivado en ataques violentos a jueces y policías que han perdido la vida, la tensión social es evidente y la zozobra en los sectores productivos latente, a todo esto, ahora debemos agregar los presuntos excesos del gobierno de Cristhian Martínez Reséndiz, ex funcionario de la Coordinación de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal.
De acuerdo con las versiones registradas en la Procuraduría de Justicia del estado, el reportero Miguel Ángel Martínez, denunció abuso de autoridad, detención ilegal, ejercicio indebido del servicio público y daño moral, en contra de la Policía Municipal de este lugar y quien resulte responsable, lo cual quedó asentado en la carpeta 16-2026-00413, por hechos ocurridos hace una semana.
Aseguró que, fue detenido por la Policía Municipal en la carretera Tula-Tepeji, cuando circulaba en su vehículo particular aparentemente por una infracción de tránsito, además de conducir en estado de ebriedad y “charolear”, así fue llevado a las galeras de seguridad, donde media hora después, le practicaron el examen de alcoholemia, lo multaron con 9 mil pesos y le tomaron fotografías.
Estás ultimas aparecieron en una red social, con señalamientos en contra de su trabajo periodístico y acusaciones sin sustento, que fueron replicadas de acuerdo con las evidencias por trabajadores del ayuntamiento, que habrían obedecido las órdenes del alcalde.
Esto último resulta grave, más allá de que Miguel Martínez, haya cometido una aparente violación al reglamento de tránsito por la que ya pagó, además de 3 mil pesos para liberar su vehículo, pues se trata de acoso y acusaciones para desacreditar las críticas de un reportero, además de la violación a los datos personales e identidad, lo que también constituye un delito.
Esto junto a la hipótesis que sostiene que, en Tula, las patrullas son utilizadas para vigilar constantemente a los reporteros y detenerlos con cualquier pretexto, deben ser investigadas a fondo y castigadas trátese de quien sea, pues en nada abona a las condiciones críticas de violencia e inseguridad en esa región.
De mi tintero… A propósito de prácticas intimidatorias contra reporteros, la Secretaría de Gobernación, a través de la dirección general para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, mediante el oficio número DGPPDDHP/915/URD237/2026, comenzó la investigación por los hechos que fueron señalados de espionaje clandestino de funcionarios del gobierno estatal contra reporteros y dueños de comunicación, y ofreció el mecanismo de protección, estaremos atento y se aportarán evidencias… Por cierto, ha pasado una semana de que supuestamente se utilizó la identidad del titular de Planeación del gobierno del estado, para tramitar un amparo federal por supuestos delitos de evasión de impuestos y hasta ahora, no hay detención ni señalamiento de los presuntos responsables, como tampoco claridad en el tema de los aparentes créditos fiscales de las empresas con las que tiene sociedad…
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