Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ya cuenta con titular

La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado es la encargada de conformar la estructura de lo que será el Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado que entrará en funciones el próximo mes de febrero, informó el gobernador Julio Menchaca Salazar, adelantando que ya cuenta con titular.

Aunque no dio a conocer el nombre de la persona que estará al frente, aseguró que ya tiene el “sí” y cuenta con experiencia para el cargo de director general, por lo tanto, siguen avanzando los trabajos para su consolidación.

De acuerdo con el mandatario, el Instituto trabajará con un equipo de trabajo de entre 10 a 20 personas aproximadamente, pero con una estructura muy sólida “con lo mínimo indispensable para funcionar bien” señaló.

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En diciembre del 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio de Hidalgo que, entre otras cuestiones, establece la creación del Instituto Hidalguense para Devolver al Pueblo lo Robado

En dicho documento, se establece un periodo de 60 días para su entrada en vigor, es decir hasta febrero próximo, y a partir de dicha fecha los bienes sujetos a los procedimientos penales y/o de extinción de dominio que se encuentren en trámite, la administración, enajenación y destino de los mismos, se ajustarán a la nueva norma legal.

La nueva Ley faculta al Instituto para administrar, enajenar, usar, usufructuar, monetizar, dar destino o destruir directamente los bienes, activos o empresas que le sean transferidos o nombrar a las personas que funjan como depositarios, liquidadores, interventores o administradores, e incluso, encomendar a terceros la enajenación y destrucción de estos.

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Su administración estará a cargo de dos áreas; la primera es la Junta de Gobierno, conformada por la persona titular de la Secretaría de Finanzas, dos subsecretarios de la misma dependencia, el fiscal General de Justicia del Estado, el titular de la Secretaría de Gobierno, y el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La segunda área a cargo será la Dirección General, cuya persona titular deberá ser designada por el gobernador del Estado y tendrá que ser ratificada por la Junta de Gobierno.