El informe a Centros de Reinserción Social (Cereso) de Hidalgo 2025, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), reveló que en algunos de esos espacios desnudan a las mujeres privadas de su libertad para revisarlas; además, se han detectado juguetes que son utilizados para guardar drogas.
De acuerdo con el documento publicado por el organismo autónomo, en el Cereso de Actopan el año pasado se realizaron revisiones por lo menos una vez por semana, las cuales estuvieron a cargo de los comandantes y del personal que se encontraba disponible.
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Las celdas a revisar fueron elegidas al azar y, mientras se realizaba la actividad, las personas privadas de libertad permanecieron en los pasillos durante la revisión; además, en algunos casos las mujeres fueron desvestidas.
De igual manera, la comisión expuso que la autoridad del Cereso no mencionó la existencia de un protocolo para llevar a cabo estas revisiones.
En Ixmiquilpan las revisiones incluyen inspección de pertenencias y espacios, por lo que derivado de eso fueron aseguradas prendas no permitidas, herramientas de trabajo y objetos punzocortantes.
En el caso del Cereso de Pachuca femenil, la comisión informó que la autoridad aseguró que la última revisión en presencia de autoridades estatales y federales se realizó en julio pasado, con participación de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Ejército y Guardia Nacional.
Mientras que las revisiones internas se realizaron con mayor frecuencia y en presencia de las mujeres privadas de la libertad. Entre los objetos asegurados se encuentran cables, cargadores, cucharas metálicas, cuchillos, bocinas, encendedores, cigarros y sustancias, incluso dentro de juguetes infantiles.
Respecto a las medidas disciplinarias y áreas de castigo, el centro no cuenta con un área de castigo, pero las sanciones se aplican de manera privada en casos de agresiones entre compañeras o hacia sus hijas o hijos.
Además, en situaciones de ataques de ira, las reclusas son separadas temporalmente de sus hijos para proteger la integridad de ambas partes.
De igual manera, la CDHEH precisó que en el Cereso de Tenango de Doria la visita íntima se cobra, pues aunque existe un área destinada para eso, con cuatro espacios conyugales, con cama, lavabo y sanitario, se cobra por el uso de ese espacio, bajo el argumento de que es una cooperación destinada a mejorar las condiciones del Centro.
Además, la limpieza del espacio corre a cargo de la persona que lo utilizará y la vigilancia de esta área se apoya en una persona privada de la libertad. La persona titular de la dirección realiza el rol de visita y las asignaciones se realizan tomando en cuenta el tiempo desde la última visita y las solicitudes presentadas.
Por último, en el Centro de Internamiento para Adolescentes las medidas disciplinarias aplicadas incluyeron llamados de atención en privado, servicios a la comunidad, elaboración y exposición de resúmenes de lectura, así como la impartición de talleres a otros compañeros.
En los Ceresos, las revisiones han derivado en el aseguramiento de objetos como solventes, objetos punzocortantes, clavos, marihuana, entre otros sustancias ilícitas.
Otras deficiencias
La CDHEH también reveló en su informe que en la Huasteca Hidalguense (Jaltocán), se cuenta con un total de 21 cámaras de circuito cerrado; sin embargo, únicamente dos operan de manera adecuada; no existe personal asignado específicamente al monitoreo de dichas cámaras.
A pesar de que se han presentado diversas solicitudes de mantenimiento para restablecer el funcionamiento del sistema, éstas no han recibido respuesta; además, el espacio carece del equipo básico necesario para que el personal de seguridad pueda realizar sus actividades de manera digna y eficiente, incluyendo mobiliario esencial como un escritorio adecuado.
La investigación de campo permitió a la comisión dimensionar las consecuencias de la falta de clasificación adecuada entre las personas privadas de la libertad, ya sea por su edad, proceso legal, entre otros aspectos.
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Un ejemplo se observó en el Centro de Reinserción Social de Tula, donde en el área femenil una persona privada de la libertad, quien es adulta mayor, enfrentaba constantes con¬flictos de convivencia con su compañera de celda, quien presenta problemas relacionados con el consumo de sustancias y presuntos padecimientos psiquiátricas.
Dicha situación derivó en robos y agresiones recurrentes, evidenciando cómo la sobrepoblación y la ausencia de criterios de separación adecuados afectan la seguridad y la dignidad de las personas privadas de la libertad y refuerzan la importancia de tomar decisiones adecuadas.
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