En diciembre del año pasado, la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) inició una investigación por el probable desvío de 22.9 millones de pesos a través del Programa Empleo Temporal del ejercicio fiscal 2018, es decir, durante la administración pasada.
De acuerdo con el acta administrativa levantada a la jefa de Departamento por Honorarios adscrita a la Subsecretaría de Política Social, Elizabeth Noguez, en poder de La Jornada Hidalgo, esta realizó diversos movimientos bancarios por 22 millones 990 mil 038.16 pesos, de los cuales 759 mil 276.16 correspondieron a 25 transferencias bancarias a favor de la empresa Consorcio Handel & Bauen, Comercio y Edificación S.A. de C.V., y 22 millones 230 mil 762 (en 16 retiros) para el “pago” de los jornales a los beneficiarios.
La involucrada afirmó que posterior a la firma del acuerdo del programa entre el Ejecutivo federal (representado por Víctor Hugo Velasco Orozco, exdelegado de la Sedesol en Hidalgo) y el gobierno del estado (Jessica Blancas Hidalgo, exsecretaria de Finanzas; y Daniel Jiménez Rojo, exsecretario de Sedeso) en junio de esa anualidad, “comenzaron a llegar las carpetas con documentación de los beneficiarios”.
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Sin embargo, dichos expedientes pertenecían al Programa de Beneficio Alimentario (Probea), por lo que Marcelo René Escamilla Martínez, exsubsecretario de Política Social; y Jaime Onésimo Pedrín Rojas, exdirector general de Administración, instruyeron al personal adscrito a sus áreas, a seleccionar a los beneficiarios que cumplían con la documentación.
Asimismo, se realizó el llenado y captura de los CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica) y después se generaron las listas de asistencia y de pago por periodos en el Sistema Integral de Información del Programa de Empleo Temporal.
Posteriormente, se elaboraron las firmas de cada “beneficiario”, las cuales amparaban los 22.2 millones por el pago de mano de obra del Programa de Empleo Temporal, por lo que se integró y entregó la documentación comprobatoria justificativa de la obra, proyecto o acción, con base en un checklist de la delegación de la Sedesol en Hidalgo, quien devolvió la relación con un sello de “Operado”, con lo que se dio por terminado el proceso.
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La trama atrás del caso
El 15 de junio de 2018 el Comité Estatal del programa, integrado por los entonces delegados Víctor Hugo Velasco Orozco, de la Sedesol; Alberto Meléndez Apodaca, de Semarnat; Daniel Alejandro Lara Baños; de la STPS; y Gerardo Alberto Salomón Bulos, director general del Centro SCT; validaron la ejecución de 27 proyectos presentados por la Sedesol.
No obstante, la federación solo aprobó 20 millones de pesos para el desarrollo de 25; además, el Ejecutivo estatal se comprometió a aportar 3 millones de pesos más.
Ante esto, el extitular de la Sedeso, Daniel Rolando Jiménez Rojo, autorizó la contratación directa de la empresa Consorcio Handel & Bauen, cuyas especialidades son la venta de materiales para acabado de construcción, papelería, accesorios y consumibles de cómputo, uniformes policiales, material para la construcción, herramienta menor y accesorios y refacciones para vehículos.
Por sus servicios se le hicieron 25 transferencias bancarias por más de 759 mil pesos; además, Elizabeth Noguez informó que, del 17 de agosto al 4 de octubre de esa anualidad, retiró 22.2 millones para el “pago” de sueldos de beneficiarios.
“En este punto, deseo dejar muy en claro que yo recibía la instrucción directa de Marcelo René Escamilla Martínez, subsecretario de Política Social, de hacer los retiros mediante el cobro de los cheques correspondientes y luego de dichos retiros, entregar todo el dinero en efectivo a Jaime Onésimo Pedrín Rojas, director general de Administración de la Sedeso.
“También deseo precisar que desconozco el destino final que Jaime Onésimo Pedrín Rojas le haya dado al dinero”, dijo la involucrada.
Agregó que su intervención en el caso fue por temor a perder su empleo y por posibles represalias en su contra, e hizo hincapié en que los exfuncionarios señalados conocían bien del tema.
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