El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) en grave crisis por la lucha intestina de integrantes del Consejo General, se convirtió en el gran elector al fallar nadie sabe si a propósito o por incapacidad en la aprobación de registros, al reservar más de 500 candidaturas especialmente de personas discapacitadas o indígenas.
Hubo casos graves, no cuantificados por la opacidad de presidencia y secretaría ejecutiva dónde como en Tula de Allende al Partido del Trabajo (PT) le cambiaron la candidatura por equidad de género o Tlanalapa donde se tardaron una semana en aprobar una sustitución que impidieron campañas, lo que volvió inequitativa la contienda e inhibe el voto.
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La presidenta María Magdalena González Escalona se empeñó en frenar la democracia representativa; al estar dedicada a su lucha contra 3 consejerías y descuida sus funciones y como nunca el árbitro electoral es obstáculo para una competencia limpia y equitativa.
La pugna entre presidenta y tres titulares de consejerías, generó opacidad, burocratismo, señales de corrupción que dañan a los partidos, tal vez más a unos que otros, pero es mayor a la ciudadanía porque sus acciones inhiben la participación y en casos aun no cuantificados el IEEH inclinó la balanza con la reserva de candidaturas que redujeron tiempo de campaña para muchos candidatos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) puede iniciar un procedimiento de destitución en contra de la consejera presidenta si valoran la magnitud del daño al proceso electoral. Se oculta información, los recursos no se aplican en programas de máxima difusión como promoción del voto al grado que un porcentaje de la población no sabe que habrá elecciones.
Sorprendería que el INE no tome medidas, cuando existe un antecedente de menor gravedad, cuando no funcionó el Programa de Resultados Preliminares (Prep) que le costó la destitución a la consejera presidenta y a un consejero, aunque sean posteriores y las afectaciones a este proceso electoral no sean reversibles.