El Gobierno estatal ejerció menos del 50 por ciento del gasto aprobado para desarrollo económico el año pasado, pero incrementó en casi un diez por ciento para el rubro de desarrollo social, de acuerdo con los datos reportados en el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto edición 2024 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al igual que la mayoría de las entidades del país, el ejercicio del gasto público programado para Hidalgo registró variaciones sistemáticas y generalizadas en cuanto al ingreso estimado y recaudado, así como en la aplicación del gasto programado y ejercido para múltiples rubros.
En específico, en cuanto a los ingresos estimados, el informe detalla que la entidad registró una subestimación, pues se tuvo un excedente del 11.1 por ciento, no obstante, esta cifra no se compara con entidades donde este porcentaje superó el 20 por ciento, tales como Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León y Sonora.
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De acuerdo con el IMCO, estimar menos ingresos de los que realmente se recaudan es un fenómeno generalizado y recurrente, no obstante, esto implica reasignaciones en el gasto que, si no se justifican y fiscalizan adecuadamente, pueden dar lugar a un uso discrecional de los recursos públicos.
En la entidad hidalguense, entre los años 2015 al 2019, estas variaciones superaron el 20 por ciento siendo en el 2016 cuando este porcentaje alcanzó el 41.7 por ciento.
Respecto a la aplicación del gasto, el estudio refiere que de los 4.91 mil millones de pesos aprobados para el rubro de desarrollo económico, la entidad ejerció 2.20 mil millones de pesos, lo que implica una variación negativa del 55.32 por ciento.
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En contraparte, para el rubro de desarrollo social la entidad aprobó 35.32 mil millones de pesos, pero se ejercieron 38.82 mil millones, es decir, una variación del 9.93 por ciento.
Para el IMCO, estas adecuaciones presupuestales, tanto de recortes como aumentos, revelan áreas de oportunidad en la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos públicos, además evidencia la necesidad de que los poderes legislativos estatales actúen como contrapesos en el manejo del gasto público.
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