Luego de recibir el Mérito Jurídico “Benito Juárez” por parte del Colegio de Mujeres Abogadas del Estado de Hidalgo A.C., el magistrado Rufino H. León Tovar, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, informó que ya se han iniciado procedimientos disciplinarios contra juzgadores en Hidalgo, como parte de una estrategia nacional para vigilar la actuación judicial.
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En entrevista con medios de comunicación, el magistrado explicó que actualmente se desarrollan al menos siete procedimientos en la entidad, de los cuales uno derivó en la suspensión temporal de un juzgador, mientras que otros dos casos se encuentran en análisis y podrían resolverse en los próximos días.
Detalló que el Tribunal tiene dos funciones principales: garantizar la conducta ética de jueces y magistrados, así como evaluar su desempeño. En ese contexto, subrayó que los procesos iniciados en Hidalgo forman parte de una revisión más amplia que se lleva a cabo en todo el país.
Sobre el caso que derivó en la suspensión, indicó que se originó tras la queja de una empresa, donde se detectaron indicios de que un juzgador habría actuado indebidamente para favorecer intereses particulares, al conceder una suspensión que permitió liberar el aseguramiento de cuentas bancarias vinculadas a un contrato con una institución federal.
“Se determinó que posiblemente se actuó de manera indebida; por ello se decretó la suspensión temporal mientras se realizan las investigaciones”, precisó.
Además, señaló que otros procedimientos están relacionados con conflictos internos en juzgados, algunos de los cuales podrían constituir acoso laboral o incluso acoso sexual, aunque aclaró que por la naturaleza de las investigaciones no es posible revelar mayores detalles.
León Tovar enfatizó que el Tribunal no interfiere en la autonomía jurisdiccional de los jueces, es decir, en sus criterios para resolver casos. Sin embargo, sí interviene cuando existen evidencias claras de irregularidades, como resoluciones contrarias a las pruebas, desacato a jurisprudencia de la Suprema Corte o decisiones injustificadas en medidas cautelares.
En cuanto a las sanciones, explicó que estas pueden ir desde suspensiones temporales e inhabilitación, hasta la destitución e incluso sanciones económicas, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, reveló que el organismo investiga posibles redes de corrupción en otros puntos del país, donde existiría colusión entre jueces y abogados para promover amparos improcedentes que afectan al erario.
Como parte del fortalecimiento institucional, anunció la creación de siete visitadurías regionales en el país. En ese sentido, adelantó que Hidalgo será sede de una de estas oficinas, la cual atenderá también a entidades como Estado de México, Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas.
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Esta visitaduría permitirá recibir quejas directas de la ciudadanía y realizar supervisiones periódicas a órganos jurisdiccionales, con el objetivo de prevenir y sancionar conductas indebidas.
Finalmente, el magistrado aseguró que el Tribunal actuará con imparcialidad y sin presiones políticas, privilegiando también mecanismos de conciliación en conflictos internos, aunque advirtió que en casos de corrupción se procederá con firmeza.
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