Un mes después de que el gobierno de la transición arrancó, se dio a conocer a través de un comunicado de prensa el desvío de más de 500 millones de pesos a través de una red de corrupción que incluiría a 13 alcaldes y que se le denominó Estafa Siniestra.
En una gira de trabajo por la Huasteca el 20 de septiembre, el gobernador, Julio Menchaca Salazar, dijo que se descubrió un sistema de corrupción en al menos seis municipios relacionados al desvío de aproximadamente 500 millones de pesos. “Y eso es sólo es la punta del iceberg”.
La red involucra esquemas en los que participaron presidentes municipales con los “famosos moches” en los que se desviaron recursos para combatir el Covid-19, arreglar caminos o inversiones para plantas de tratamiento que no funcionan.
El gobernador declaró que no sería una “cacería de brujas” pero la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) estaba haciendo la revisión correspondiente y las personas implicadas tendrían que dar cuentas sobre su responsabilidad.
“No va a haber impunidad”, advirtió el mandatario y adelantó que se conformaría el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que se convirtió en realidad, tras la aprobación de la reforma enviada por el gobernador a la LXV Legislatura de Hidalgo.
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Contraloría investiga
El 12 de octubre, el contralor, Álvaro Bardales Ramírez, informó que había seis presidencias municipales que tienen denuncias en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), además de siete alcaldes más que tendrían sanciones por vía administrativa.
El funcionario estatal señaló que los regidores son los que habían estado denunciando anomalías en el ejercicio de los recursos públicos.
Además, mencionó a seis empresas que fueron recurrentes en entrega de facturas, que podrían ser fachadas y podrían estar relacionadas con alcaldes y funcionarios de la pasada administración estatal.
Algunos ayuntamientos solicitaron un recurso extraordinario del estado y se les dio para un fin específico y no lo utilizaron así, lo cual daría facultad a la Secretaría de la Contraloría de poder actuar contra los involucrados, ya no por ser servidores públicos sino por utilizar el recurso de forma inadecuada.
El titular de la Contraloría afirmó que son 13 municipios que hasta el momento no han podido comprobar el recurso extraordinario de 522 millones de pesos que se les dio para un fin específico.
Aseveró que hay personas dentro de los ayuntamientos que participaron en una acción ilegal pero no obtuvieron un beneficio económico o especial, solamente van a ser sancionados por la vía administrativa.
Informó que tres presidencias municipales se han acercado a él, a los auditores y a la Procuraduría porque tienen parte de sus recursos y han ofrecido reembolsarlos, pues no lo usaron. Sin embargo 10 ayuntamientos más ya se gastaron el recurso, así aparece en los reportes de la cuenta pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) que fueron comprobadas, pero no con la documentación correcta.
Alcaldes ya se encuentran en prisión; proceso continúa
“En este tema no hay sorpresas hay sorprendidos”, Julio Menchaca Salazar.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron las órdenes de aprehensión en contra de los ediles.
Datos:
- Santiago Nieto dijo que se buscará alcanzar a los directores de esta cadena alimenticia
- Afirmó que hay elementos suficientes para creer que hubo participación de funcionarios de la administración pasada.
- Sólo L.E.C.G habría obtenido un amparo; L.E.C.G actualmente se considera prófugo de la justicia
El 23 de noviembre fue el día en que muchos quedaron sorprendidos por las detenciones simultaneas de cuatro alcaldes, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Los delitos imputados eran uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, así como peculado agravado.
En una rueda de prensa ante medios de comunicación, que encabezó Santiago Nieto, se dio a conocer las iniciales de los detenidos F.A.S., F.J.R., L.E.C.G., y E.S.J.S, que corresponden a los alcaldes de Epazoyucan, Huautla, Nopala de Villagrán y Yahualica.
Las personas detenidas fueron puestas a disposición de un juez de control, para señalarles día y hora para la audiencia inicial en la que se formularía la imputación y se solicitaría la vinculación a proceso.
Nieto Castillo explicó que primero los alcaldes solicitaron apoyos extraordinarios a la Secretaría de Finanzas de la administración anterior, a partir de eso se dio una autorización que elaboró Finanzas y se generó una transferencia a las cuentas del municipio a través de diferentes instituciones bancarias.
El monto total es de 178 millones de pesos entre los cuatro municipios citados. El encargado de la PGJEH dijo que esta es la primera etapa de la investigación, donde se da prioridad a la recuperación de recursos.
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Tras el rastro de otros $1 mil 400 millones
Otra investigación busca el destino de 1 mil 400 millones de pesos relacionados con tres casos que también involucran a funcionarios de la administración pasada y otros municipios, aseveró Santiago Nieto Castillo el encargado del despacho de la PGJEH.
En una de las más recientes entrevistas del funcionario estatal, aseveró que estas investigaciones tienen el mismo esquema que la Estafa Maestra, la subcontratación de empresas fachada para la generación de dinero en efectivo.
Los 1 mil 400 millones están dando pie a por lo menos tres investigaciones más, explicó Nieto, e indicó que están por recibir tres denuncias más de la Contraloría estatal en contra de distintos funcionarios de la administración anterior y que lo más importante para el gobernador es poder recuperar recursos en un estado “donde realmente es perverso y es siniestro, por la pobreza y la marginalidad”.
Nieto explicó que fue invitado por el gobernador, Julio Menchaca Salazar, a trabajar al frente de la PGJEH y aunque no puede ser procurador, porque no es nacido en Hidalgo, está ayudando en la transición a la Fiscalía General.
Aseveró que en Hidalgo están trabajando en ejecutar el mayor número de órdenes de aprehensión y hasta el 20 de diciembre se había alcanzado la cifra de 430 cumplimentadas.
Nieto Castillo mencionó que en esa cifra también se encuentran las seis órdenes de aprehensión contra los alcaldes de la Estafa Siniestra. Dos más están vinculados a proceso, especificando que uno de los ediles es por violencia de género (Tlaxcoapan).
Reiteró que en el tema de la Estafa Siniestra hay dos alcaldes prófugos de la justicia, tres órdenes se han cumplimentado y una está en proceso de cumplimentación.
“Lo más importante para el gobernador es poder recuperar recursos”, destacó Santiago Nieto.
Lluvia de amparos
A partir de las detenciones, una serie de ediles y exfuncionarios comenzaron a ampararse para evitar ser detenidos. Al respecto destacó la defensa de César Román Mora Velázquez, excontralor estatal en la administración de Omar Fayad Meneses; al igual que su oficial mayor, Martiniano Vega Orozco. Hizo lo propio el alcalde de Singuilican, Marcos Miguel Taboada Vargas; en Zacualtipán, Edgar Josué Moreno Gayosso; y el de Pisaflores, Luis Francisco González Garay.
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