El contralor del estado, Álvaro Bardales Ramírez, informó que el gobierno del estado aún tiene pendientes por solventar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 15 millones de pesos observados en la cuenta pública 2023, los cuales podrían no esclarecerse por los nuevos formatos que solicita el órgano.
Al concluir el lunes cívico, explicó que de los 400 millones de pesos, de fondos federales, detectados con irregularidades, dijo que 50 millones ya fueron aclarados, los cuales correspondían a la aportación que hizo gobierno del estado a IMSS-Bienestar.
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En este caso, dijo que la auditoría les señaló un padrón de beneficiarios que no cumplía con los requerimientos, pero al realizar las modificaciones con los nuevos formatos, la observación fue solventada.
“Al estado de Hidalgo lo único que le correspondía era entregarle 50 millones de pesos, que era su participación, pues la federación pondría otra parte, pero de alguna manera no se entregó en el formato que ellos querían el padrón de beneficiarios, por eso fue observado, pero la auditoría de la federación reconoció que los elementos probatorios que se habían aportado desde un principio eran suficiente”, explicó.
En cuanto al resto del recurso, Bardales Ramírez aseguró que aún están en tiempo de hacer las aclaraciones correspondientes, las cuales quedarán solventadas.
No obstante, reconoció que 15 millones de pesos estarían en riesgo de no comprobarse, ya que los documentos que acreditaban el gasto no fueron entregados de forma oportuna o correcta; además, la identificación de los beneficiarios no fue la forma en que ahora lo solicita la federación.
Respecto al destino del capital, el contralor dijo que fue entregado a algunos municipios y correspondía a bultos cementos para la rehabilitación de caminos artesanales, por lo que consideró que sería lo único “que puede estar en riesgo, pero en una de esas sí se solventa, porque las observaciones no corresponden a un desvío de recursos, corresponden a que los documentos no se entregaron de forma oportuna”.
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En caso de que no se solvente la irregularidad, Álvaro Bardales dijo que serán los presidentes municipales quienes tengan que reembolsar el recurso, pero confía en que pueda acreditarse el uso del recurso.
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