Dos acontecimientos anuncian el posible futuro de México como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde 1981. En el ámbito nacional uno, otro en el internacional. El primero en el Congreso de la Unión; el segundo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Apenas el martes anterior fue la audiencia convocada por la Comisión Interamericana, consecuencia del procedimiento iniciado por diversas organizaciones de juzgadoras y juzgadoras federales y más de veinticinco de la sociedad civil, en contra del Estado mexicano por la reforma judicial aprobada en el Poder Legislativo y convalidada por el Poder Reformador.
Breve conforme a los protocolos del organismo y con efectos informativos, no contenciosos, la audiencia fue un primer acercamiento a la controversia planteada; tuvo varios puntos destacables, los primeros señalados por la comisionada relatora:
La presencia y participación de la representación del Estado mexicano, a diferencia de otros cuya actitud es evasiva, muestra de una política exterior de apertura al escrutinio internacional; el reiterado déficit de nuestro sistema de justicia, incluidas fiscalías y defensorías públicos, y la resistencia del propio Poder Judicial a recibir reformas sobre su desempeño; tensiones entre la democratización de la justicia y la independencia judicial; los criterios del Sistema Interamericano para la elección de juezas y jueces como meritocracia, no remoción colectiva, riesgos de la elección popular conforme a la experiencia, desde la escasa participación del electorado hasta la parálisis por la política partidaria.
Muy importante fue la solicitud del Diagnóstico del cual partió la iniciativa de reforma judicial y las apreciaciones preliminares de integrantes de la Comisión sobre su intención política.
En el orden nacional lo sucedido es la aprobación del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional para aumentar al catálogo de delitos susceptibles de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa los de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal, así como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Dar trámite a esa reforma constitucional fue un claro mensaje del Poder Legislativo, contrario a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consistentes en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico para eliminar esa figura procesal penal por contraponerse al Pacto de San José del cual México es Estado parte.
Se recordará la postura del anterior gobierno federal también en contra de la disposición convencional aludiendo a su fuente como “una instancia regional de impartición de justicia donde sus jueces representan los intereses de gobiernos extranjeros y de la OEA”; secundada, en diferente tono, por la Conferencia Nacional de Gobernadores de México.
Si esta desatención continúa, estaremos ante un escenario con dos posibles consecuencias: el alejamiento de facto del Sistema Interamericano y, un posible retiro formal de la Convención. Ambas de impacto para el sistema mexicano de justicia.
Será importante conocer la posición de la Cancillería respecto del desarrollo de la audiencia en Washington, como del proceso legislativo en marcha. Dará luces para saber hacia dónde se dirigirá la política exterior mexicana en ese rubro, y la doméstica en la interpretación de los derechos humanos.