Fraccionamientos en Pachuca con trámites inconclusos desde hace años

En Pachuca existen 40 fraccionamientos que no han sido recepcionados por el municipio, situación que mantiene a miles de habitantes en condiciones de incertidumbre jurídica y con afectaciones en el acceso pleno a servicios básicos, informó Francisco Lugo Espinosa, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad Municipal.

De acuerdo con el funcionario, el municipio tiene registrados 455 colonias, fraccionamientos y asentamientos, sin embargo, al inicio de la actual administración se detectó que 40 desarrollos habitacionales quedaron con trámites inconclusos, algunos con autorizaciones parciales y otros con etapas de urbanización vencidas o incompletas.

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“Todos estos fraccionamientos tuvieron en algún momento algún tipo de autorización, pero no concluyeron el proceso. No se terminó la infraestructura, se vencieron los plazos o se construyó fuera de las etapas permitidas, por lo que hoy no pueden ser recepcionados por el municipio”, explicó.

Fraccionamientos fuera de recepción municipal

Lugo Espinosa detalló que la recepción municipal es el procedimiento mediante el cual el ayuntamiento asume formalmente la operación y mantenimiento de la infraestructura urbana, como vialidades, alumbrado, drenaje y redes de agua potable. Mientras este proceso no se complete, los fraccionamientos permanecen fuera de la responsabilidad directa del municipio.

Actualmente, solo ocho de los 40 fraccionamientos no recepcionados han iniciado un proceso formal de regularización ante la Secretaría de Obras Públicas. Entre ellos se encuentran Altara, Basalto, Monterreal, Nuevo Conocer, Rosso, Rincón del Sur y Valle del Sol condóminos, ubicados al sur de Pachuca, después de Santa Catarina, principalmente.

El resto, reconoció el secretario, no se ha acercado a continuar o concluir sus trámites, pese a que la falta de recepción limita el acceso regular a servicios y genera conflictos sociales y urbanos.

Construcciones sin licencia y sanciones

El funcionario descartó la existencia de fraccionamientos completamente clandestinos, aunque reconoció que se han detectado casos donde se autorizó la urbanización, pero no la construcción de viviendas, y aun así se edificaron casas de manera irregular.

“En muchos casos se rebasó la etapa autorizada. Se construyeron viviendas sin licencia y ahora buscan regularizarse”, señaló.

Estas irregularidades generan multas económicas, que dependen del avance de obra y del grado de incumplimiento. Las sanciones pueden ir de 100 a 800 UMAS( Unidad de Medida y Actualización) en pesos va de 11 mil 731 a 93 mil 848.

Sin nuevos permisos para fraccionamientos

Lugo Espinosa subrayó que durante la actual administración no se ha autorizado ningún nuevo fraccionamiento, como parte de la política municipal para ordenar el crecimiento urbano y evitar que se repitan problemas heredados de administraciones anteriores.

“No se ha dado ningún permiso para iniciar trámites de nuevos fraccionamientos. Primero tenemos que regularizar lo que ya existe y que no fue recepcionado”, afirmó.

Añadió que solo tres desarrolladores se han acercado de manera informal para presentar proyectos, todos en la zona sur, pero ninguno ha ingresado una solicitud oficial, al conocer las exigencias actuales en materia de servicios e impacto urbano.

Poco probable autorizar nuevos desarrollos

Lugo Espinosa consideró poco probable que en esta administración se autoricen nuevos fraccionamientos, ya que la prioridad es concluir la regularización y recepción de los desarrollos existentes, con el fin de garantizar servicios básicos y evitar riesgos urbanos.

Presión sobre servicios básicos

El secretario reconoció que los fraccionamientos no recepcionados han provocado una sobrecarga en los servicios públicos, especialmente en el suministro de agua potable y el sistema de drenaje, cuya operación corresponde a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM).

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Aunque el municipio no puede negar la atención a la ciudadanía, sí ha tenido que destinar recursos federales para ampliar líneas de agua y alcantarillado, con el objetivo de conectar zonas habitadas que carecían de infraestructura adecuada.

“Son obras que representan un costo para el municipio y que después se entregan a CAASIM para su operación. Este tipo de desarrollos mal planeados terminan trasladando los problemas de una colonia a otra”, advirtió.

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