La Fiscalía Anticorrupción en Hidalgo, incorporó a las cinco carpetas de investigación que mantiene contra ex funcionarios de la pasada administración a la Coordinación General de Comunicación Social, por presuntas negociaciones indebidas y aunque el monto es inferior a las carpetas contra los exsecretarios, ya sumado todo casi son mil millones de pesos que presuntamente se ejercieron con irregularidades.
Además de Cesar Mora, exsecretario de Contraloría, a quien se le busca responsabilizar por la llamada estafa siniestra, mediante la cual se entregaron recursos extraordinarios a 15 municipios del estado por un monto superior a los 500 millones de pesos, otro exservidor público que aparece como presunto culpable en al menos tres carpetas de investigación y con un monto millonarios es, el ex oficial mayor Martiniano Vega Orozco.
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A este último se le adjudican contratos que habrían violado la ley de adquisiciones, como el que se hizo con la empresa Creaciones, Espectáculos y Producciones o el que se hizo con el Instituto Hispanoamericano de Estudios Superiores, quien realizó la encuestas para la Secretaría de Educación Pública y en la que también aparece como indiciado el ex titular de la SEPH Atilano Rodríguez Pérez, ambos expedientes suman 265 millones de pesos.
Vega Orozco, también se encuentra señalado en los contratos con la empresa Remaco Servicios Empresariales a que se le adjudicaron contratos por más de 18.5 millones de pesos en compras de insumos contra el Covid en los primeros meses de la pandemia que provocó cierres y medidas extremas por parte de las autoridades.
El exsubsecretario de Educación Pablo Moreno es el cuarto mencionado en los expedientes, con el mayor monto de irregularidades con 144 millones de pesos por el contrato que se adjudicó a la empresa Aicaton Digital Aplicaciones, cuando ocurrió el supuesto hackeo de los sistemas de informática de la dependencia y que pusieron en riesgo los datos e información confidencial de la comunidad educativa.
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El monto menor y que en apariencia no tiene graves implicaciones legales, es el de la Coordinación de Comunicación Social, donde se investiga una contratación irregular en un diario de la capital durante las campañas de salud, justamente cuando se tenía la pandemia por Covid, pues la cantidad es de 2 millones 500 mil pesos.
Con todas las actuaciones, hasta ahora la Fiscal Anticorrupción, Alicia Medina y su equipo especializado de ministerios públicos, peritos y asesores parece sólo tener las pruebas para buscar encarcelar a presidentes municipales y todo indica que en las próximas horas estaría pidiendo al menos 4 órdenes de aprehensión, pero no contra los ex funcionarios de la pasada administración.
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