La Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar cuántas denuncias se han presentado por presuntos ilícitos que involucran a los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, según dispuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), al revisar la negativa a la petición presentada por un ciudadano.
La solicitud incluía la información completa de las carpetas de investigación que involucraran a los personajes citados, iniciadas desde el 1º de diciembre hasta el 1º de abril de 2022, a lo cual la FGR le contestó que legalmente no podía dársela pues al tratarse de indagatorias en curso hacerlas públicas podría dañar el debido proceso, el derecho de presunción de inocencia y lesionar el buen nombre y el derecho al honor de los posibles involucrados.
Finalmente, la resolución del Inai se limitó únicamente a que la FGR revele la cantidad de denuncias presentadas, condición de que sean casos de los cuales ya se haya notificado a los afectados, esto para no entorpecer las investigaciones, además de que la información que se haga pública será únicamente la relacionada con carpetas de investigación que tengan que ver con su ejercicio de su cargo público y no con el ámbito de su vida privada.
El comisionado del Inai, Francisco Acuña, encargado de presentar el asunto ante el pleno del INAI, aseguró que “En ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular, por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente (…) en este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”.
El Inai señaló que, si se negara el acceso a esta información, se estaría impidiendo que la sociedad tuviera elementos suficientes para el escrutinio del ejercicio de los presidentes, anteriores y el actual, quienes por el cargo que desempeñaron tienen que enfrentar un mayor nivel de injerencia en sus derechos a la privacidad, protección de datos e imagen, que un ciudadano común.
Redacción/La Jornada