El diputado local Miguel Ángel Martínez Gómez presentó una iniciativa al pleno del Congreso del Estado para elevar la pena que se impone por el delito de feminicidio en el estado buscando que ésta sea de hasta 60 años.
El legislador expuso la necesidad de homologar la sanción a lo que establece el Código Penal Federal para establecer en la Ley local una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y de 500 a mil días de multa a quien por razones de género prive de la vida a una mujer pues actualmente fija de veinticinco a cincuenta años de prisión y de 300 a 500 días multa.
Con base en daros de la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac), manifestó que, al concluir el mes de agosto del presente año, había contabilizado 36 feminicidios en Hidalgo, siendo febrero el mes con mayor número de casos.
Además, se tiene el registro de un mayor número de casos en mujeres jóvenes, de entre 21 a 30 años, pero también está en aumento en adolescentes, de entre 16 a 20 años.
El legislador también apuntó que el Código Penal del Estado no establece medidas adicionales ni previsiones por cuanto hace a la pérdida de derechos sucesorios por parte de los sujetos activos con relación a la víctima.
Lo anterior al hacer referencia que, en muchos de los casos de feminicidios, son perpetrados por la pareja o familiares de la víctima, siendo también padres de sus hijas e hijos.
Por ello comentó que derivado de aquella cercanía, muchos de los sujetos bajo el argumento de ser los compañeros de aquellas mujeres pudieran reclamar el derecho de sucesión respecto de los bienes de ellas, cuando no existiere alguien con mejor o igual derecho en la sucesión.
“Resulta más que evidente que toda aquella persona que haya perpetrado un acto de semejante magnitud, no debe ser poseedora de derecho alguno con relación a la víctima, debemos de ser conscientes que el feminicidio constituye un atentado brutal, salvaje y cobarde contra la vida y la dignidad de las mujeres” añadió el diputado.
Debido a esta situación, planteo la necesidad de establecer que la persona responsable de feminicidio, aun y cuando sea pareja de la víctima, no podrá ser beneficiario de los bienes de ella.
“Queda en evidencia que el feminicidio merece un castigo ejemplar, de allí la importancia de establecer penas más estrictas que, por una parte, sean concordantes con la legislación federal, pero, sobre todo, sean proporcionales con la gravedad del hecho perpetrado” expuso Miguel Ángel Martínez.
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