Con el provocativo título “Qué le toca a quién”, se realizó hace unas semanas un congreso nacional convocado por el Poder Judicial del Estado de México, con la participación de un nutrido conjunto de expertas y expertos provenientes de las judicaturas federal y locales, los poderes Legislativo y Ejecutivo, la academia y el foro. En un sistema donde hay una distribución de competencias entre la Federación y los estados –se anunció- es necesario preguntarse sobre las atribuciones que a cada uno corresponden.
Cuando nuestro modelo federal aparece por momentos desdibujado y potente en otros, reflexiones como la realizada en Toluca, son de la mayor importancia. Más cobran significado si se originan precisamente en uno de los poderes de una entidad federativa, y no desde una institución nacional donde la óptica no necesariamente se apega a la realidad regional.
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Si bien primó el tema de las competencias judiciales, hubo otros que ampliaron el enfoque dando mayor cobertura al debate. Igual se habló de desaparición de poderes que de desafuero, de abogacía y de cuestiones políticas no judiciales. Fueron planteamientos desde experiencias locales y federales, lo que también enriqueció el ejercicio al abrir la puerta a un análisis permanente del atrofiado federalismo mexicano, no para establecer una espacio de constante descalificación, por el contrario, para imaginar y proponer soluciones a los añejos problemas que lo aquejan, el aspecto fiscal por ejemplo, al igual que los surgidos de una complejidad cada vez mayor por las condicionantes cambiantes. En seguida les propongo otro, a partir de experiencias recientes en el estado de Hidalgo.
En un lapso menor de tres años, entre enero de 2019 y septiembre de 2021, nuestra entidad ha sufrido cuatro afectaciones de proporciones inéditas: la trágica explosión de los ductos de Petróleos Mexicanos en el municipio de Tlahuelilpan; la pandemia del COVID-19; el huracán Grace y las inundaciones en las regiones de Tula e Ixmiquilpan. Si bien la naturaleza de cada una difiere de las otras, también presentan variables coincidentes. Me explico:
La fuga de hidrocarburo se produjo en la red de una industria federal, conforme a la Constitución General de la República, que cruza el territorio hidalguense en cientos de kilómetros. El caudal que afectó gravemente a las poblaciones de la citada región, proviene del desagüe de la Ciudad de México. Casos diferentes al del masivo contagio y los efectos del fenómeno meteorológico.
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Adonde quiero llegar es a dejar establecida la necesidad de replantear los arreglos históricos mediante los cuales la Federación hace uso del territorio local para resolver problemas de índole federal como los señalados, y cuando por ellos se producen sucesos nocivos para la población, las soluciones quedan, casi de manera exclusiva en la autoridad local, pues la municipal queda totalmente rebasada ante la magnitud del fenómeno.
En cuanto a la crisis sanitaria y las contingencias climáticas el razonamiento debe ser otro, de coordinación, fundamentalmente operativa con una clara definición de competencias, y financiera de corresponsabilidad proporcional entre los tres órdenes de gobierno.
Ahí queda un tema de gran calado para las agendas legislativas, la de la naciente legislatura local como la del grupo parlamentario hidalguense en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Los antecedentes sucedieron en nuestro territorio, pero por sus causas corresponde resolverlos en clave federalista.
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