La defensa de Emilio Lozoya Austin insistió que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España para que enfrente a la justicia mexicana, pues afirmó, es el principal beneficiario de los sobornos de Odebrecht.
En entrevista antes de ingresar a la audiencia intermedia del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el abogado Miguel Ontiveros Alonso señaló que solicitará una vez más a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmar el acuerdo reparatorio en los casos de soborno por el monto de 10.7 millones de dólares, fijado por las autoridades y que fueron comprometidos desde enero de 2022.
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“Emilio Lozoya ha aportado suficientes pruebas que señalan al ex presidente Enrique Peña Nieto, ser el responsable de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Por eso creemos que tal y como sucedió en el caso del ex presidente de Perú (Alejandro Toledo) que fue extraditado desde Estados Unidos por el caso Odebrecht, acusado de recibir 35 millones de dólares”.
“También en este caso hay suficientes condiciones para que el ex presidente de México sea extradita desde España y vuele, digamos, directamente desde el campo de Golf al AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y de ahí directamente a este Centro de Justicia para que responda las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia que es pública y que es sólida tal y como lo confirmó el señor presidente de México, en el sentido de que está aprobado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la Reforma Energética”.
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Ontiveros Alonso insistió que existen todas las condiciones para llegar al acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad ya que además de Lozoya Austin, las personas que se beneficiarán del convenio y los acuerdos en el caso de Odebrecht sean su madre, Gilda Austin, su hermana Gilda Susana y su espos, Marielle Helene Eckes.
“Esperamos que este término sea aceptado por las instituciones del Estado y con ello no se celebre la audiencia intermedia y nos tomemos unos días para la forma de los acuerdos y regresar al juzgado para esos efectos”.
Por César Arellano y Gustavo Castillo / La Jornada
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