Elevar punibilidad y contemplar nuevas adiciones y reformas al tipo penal de extorsión contribuirá a disminuir la incidencia delictiva en esta actividad ilícita.
Así lo consideró el diputado Rodrigo Castillo en su exposición de motivos ante el Congreso de Hidalgo, proponiendo que se impongan penas desde cuatro y hasta 16 años de prisión a extorsionadores, lo cual sería posible en caso de ser aprobada la iniciativa con proyecto de decreto presentada al pleno.
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El legislador expuso que, durante 2022, en el ámbito nacional, los casos de extorsión aumentaron en 22.6 por ciento de enero abril y en mayo no cambio la tendencia, mientras que en Hidalgo se calcula que los delincuentes dedicados a esta práctica han obtenido, solo en este año, un aproximado de ocho millones de pesos derivados de esta actividad ilegal.
Asimismo, anotó que, según datos de la Procuraduría General de Justicia, en promedio, se realizan tres mil llamadas diarias para denunciar este acto delictivo, mientras que el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que el delito de extorsión es uno de los más cometidos en 11 estados del país, entre los que se encuentra Hidalgo.
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La propuesta destaca la manera en la que la delincuencia ha rebasado a la legislación a partir del uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para perpetrar delitos en los que se obliga a las víctimas a entregar dinero a partir de acciones como la “venta” de seguridad, falsos premios, sorteos y promociones, amenazas personales, entre otras.
Además, las penas podrían elevarse hasta el doble si los perpetradores resultaran funcionarios públicos, agentes de seguridad privada, policías o personas con acceso a bancos de datos que sean utilizados para fines delictivos.
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