A diferencia de otros tiempos, cuando eran mero trámite, los votos de las y los diputados valen en términos reales, cuentan y mucho. Uno solo puede hacer la diferencia en decisiones de gran calado, por eso se cotizan en una especie de mercado legislativo a través de favores, concesiones y hasta dinero en efectivo. Si antes la disciplina político-legislativa que era pilar fundamental del sistema político, incluía votaciones unánimes, el juego democrático dio a los votos, individuales o de grupo, valores tasables según la importancia de la aprobación requerida.
Esa perversión legislativa tuvo seguramente excepciones: votos razonados, con identidad ideológica, por convicción, incluidos aquellos contrarios a las instrucciones políticas que también tuvieron un costo para sus emitentes.
La ecuación cambió cuando el parlamento mexicano dejó de ser mayoritariamente monopartidista y al conformarse con más de dos fuerzas partidarias produjo lo que la teoría identifica como gobierno dividido, esto es ejecutivo y legislativo de signo diferente con todo lo que eso generó: nuevas prácticas parlamentarias, diferentes controles, alianzas grupales sin restricciones por antagónicas que sean sus posiciones, disposición para alterar la militancia personal, y un listado de vergonzantes fórmulas para que, pudores aparte, el tablero electrónico reflejara la aprobación demandada. En esas circunstancias la deliberación en tribuna no tuvo mayor efecto que su transcripción al Diario de los Debates.
Es el caso que las elecciones de 2018 instalaron en ambas cámaras del Congreso de la Unión una mayoría perteneciente al mismo partido, el mismo del gobierno. De legitimidad incuestionable, fue la reinstalación de aquella palanca que sostuvo al presidencialismo mexicano del siglo XX, en condiciones notablemente diferentes, una sociedad plural mejor informada y más participativa, entre otras.
Reaparecen expresiones como “funcionó la aplanadora” y “nos mayoritearon” para calificar la aprobación de los dictámenes votados por el grupo parlamentario que ostenta la mayoría, reflejo del comportamiento legislativo que también ha requerido el acompañamiento de alguna minoría para la necesidad de votación calificada. Lo que hay detrás es el peso de la decisión electoral que eliminó el gobierno dividido y, en los hechos, el contrapeso característico de la división de poderes establecido en nuestro formato constitucional.
También asoma un viejo tema: el argumento del voto legislativo. Cobra relevancia después de la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación con significativos recortes al dinero destinado a las entidades federativas, votada por diputadas y diputados con la representación de la ciudadanía que directamente sentirá y resentirá los efectos.
Nuestra arquitectura constitucional con parlamento bicameral deja la representación del pueblo a la Cámara de Diputados, y al Senado la de las entidades federativas. E independientemente de sus orígenes electoral y territorial, hace de diputadas y diputados representantes sin fronteras locales. No obstante la cultura política mexicana les deja atribuciones de gestión acotadas a su presencia a la región propia y, en tanto fracción estatal, a su influencia para beneficiar al estado de origen.
En esta circunstancia preguntemos a quienes nos representan en el Congreso de la Unión la motivación de su voto: compromiso con el gobierno federal, la afiliación partidaria, su alineación política, compromisos de grupo, convencimiento de las bondades presupuestarias, la apuesta a un nuevo federalismo fiscal, estrategia regional, institucionalidad, sumisión o actitud progresista; cuál es el argumento que sustentó su voto; y, acaso más importante: ¿son conscientes del impacto y las consecuencias?, el económico desde luego directo para su entidad federativa y un descrédito frente al electorado. ¿Valoraron la crisis sanitaria por la pandemia para los próximos meses?
La de los y las diputadas federales es una representación política, de basamento y facultades jurídicas; tiene repercusiones para quienes se representa, les beneficia tanto como puede afectarles, trasciende en la aplicación de las normas y a través de todos los actos legislativos, requiere sensibilidad para equilibrar la satisfacción de las demandas populares con los principios partidistas y el proyecto nacional.
Opacas o brillantes, las legislaturas federales transitan a la historia por la personalidad y desempeño de sus integrantes, la trascendencia de sus votaciones, el momento histórico que vivieron, los debates en tribuna, los yerros que cometieron y hasta por las anécdotas y pifias de su trienio. La LXIV ya tiene por características la legitimidad y la paridad de género, está pendiente su dimensión histórica.
Deja una respuesta