Exjueza acusa simulación en lucha contra violencia de género

Luego de presentar su renuncia como jueza de ejecución y del tribunal de enjuiciamiento, Ivón Ruiz Cerón denunció falta de sensibilidad y simulación del poder judicial respecto a su compromiso contra la violencia de género.

En entrevista con La Jornada Hidalgo, Ruiz Cerón acusó que el poder judicial utiliza el Día Naranja (un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas) como un mero eslogan porque en la práctica hacen todo lo contrario.

Como prueba, habló de su propia experiencia en donde fue enviada a otra ciudad de un día para otro pese a ser mamá soltera y tener una hija de ocho años, para llevar a cabo otra función distinta para la que se preparó durante más de dos décadas.

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La exjueza especializada en Justicia para Adolescentes, Ivón Ruiz Cerón, anunció el pasado 2 de octubre su renuncia al Poder Judicial del Estado de Hidalgo debido a que, sin concursar por la plaza y de manera intempestiva, fue enviada al circuito judicial de Ixmiquilpan para impartir justicia en materia penal para adultos, para la cual no estaba capacitada.

Sobre si veía alguna justificación que explicara su repentino cambio de adscripción, Ruiz dijo que no veía una razón clara, pero lo que resultó evidente es que la supuesta lucha del poder judicial contra la violencia de género se queda en eslogan, porque las instituciones dicen visibilizar la violencia de género, pero se queda en vestir al personal o ponerle un listoncito naranja “pero en las prácticas que desarrollan las instituciones la violencia es muy fuerte”.

“No observo que haya sido una situación particular contra mí”, narró, e insistió en que nunca peleó con nadie; lo que sí, continuó, es que lo que le sucedió pasa todos los días con el personal. No es algo nuevo, dijo, sino que ahora que se visibilizó su caso le escribieron muchísimas personas para decirle “a mí también me pasó esto”, o “tuve que renunciar, tuve que irme”, pero todos se quedan callados “porque les dan miedo las repercusiones y obviamente da miedo enfrentarte al poder del Estado porque sabes que pueden buscar cualquier situación para tratar de atacar”.

Dijo que es común escuchar el argumento de que los cambios repentinos obedecen a “necesidades del servicio” porque simplemente dicen “necesito esto y te muevo como yo quiero”, “como si fueras un bote de basura”, “y me da igual si el bote tiene sentimientos y el bote tiene familia, el bote tiene que ver cómo se mueve”.

La exfuncionaria, quien acumuló 23 años de experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, recordó que a ella le ordenaron a las 8:30 de la noche que a las 8 de la mañana del día siguiente tenía que cambiarse de ciudad y de trabajo.

“Es una situación en la que hay poca sensibilidad, en la que simplemente están acostumbrados a la toma de decisiones sin tomar en cuenta la progresividad de los derechos humanos, sin tomar en cuenta que los servidores públicos son personas que tienen necesidades”.

La maestra en derecho procesal penal argumentó que también se incumple el Servicio Profesional de Carrera y el artículo 65 de la Ley de Justicia para Adolescentes que dice que se deben tomar criterios para el ingreso, promoción y permanencia de los funcionarios operadores del sistema, puesto que una persona que trabaja con niños niñas y adolescentes debe ser especializada.

“Si vas a trabajar con un niño debe ser una persona que conoce las etapas de desarrollo de la niñez de la adolescencia, porque debes tener una perspectiva diferente, entonces esto no le importó al poder judicial, quien dijo, simplemente yo ya no te necesito aquí”.

Agregó que, si van a desaparecer un cargo, tendrían que liquidar al funcionario y darle todos los pagos que corresponden y no obligar a su renuncia con cambios como el que le ordenaron a ella.

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Llega a su cargo persona sin experiencia

Ruiz narró que en su lugar llegó quien fue la secretaria general del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (Ariana Itzel Duarte Martínez), quien había sido removida por actuaciones que no fueron bien vistas por la sociedad y que además no está especializada.

“Yo no sé si querían mi lugar para ella, no lo sé, desconozco y no quiero especular cosas que no me corresponden ni mucho menos”, pero recordó que un maestro suyo les dijo que “cuando se toman decisiones así o es por falta de técnica o falta de ética”.

Y agregó que en este caso debe quedar claro que las personas que trabajan con adolescentes deben ser especializadas.

Dijo que es una falta de ética, de sensibilidad, y de visibilización respecto a cómo debe ser el personal del Poder Judicial profesional.

“Yo creo que soy la persona que tenía más años a nivel nacional trabajando en el Sistema de Justicia para Adolescentes, la jueza con más años, es decir, no como juez, sino que no hay nadie, creo a nivel nacional que llevara tantos años trabajando con niños, niñas y adolescentes”.

Lejos de que se utilice en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo la capacitación del personal, señaló, lo que ocurre es que quien busca superarse es removido. Dijo que tiene la experiencia de otro trabajador del poder judicial que fue capacitarse a otro país, con sus propios recursos en otra materia, “y cuando regresó el castigo por haberse ido a capacitar, fue mandarlo también muy lejos… entonces, son prácticas”.

La catedrática y conferencista en materia de niños, niñas y adolescentes en materia procesal penal, dijo que no hay que perder de vista que la población va a ser juzgada por personas no especializadas. Entonces se toman decisiones sin respeto a la dignidad, sin respeto a las cuestiones de género, y sin respeto al interés superior de la niñez.

Ruiz Cerón narró que a raíz de que expuso su caso en redes sociales, mediante un video, recibió miles de mensajes en los que le dicen lo mismo: “a mí me dio miedo enfrentarme, a mí me dio miedo decir algo y tenía necesidad de trabajar, porque eso es algo importante”

Con seguridad en sus argumentos, Cerón subrayó que decidió hacer público su caso porque los derechos de su hija y los suyos fueron vulnerados, “lo que yo sí quiero es que se quede un antecedente para todos los demás, hombres y mujeres trabajadoras que no son respetados en sus derechos y no solamente en el Poder Judicial”.

Sobre el amparo que solicitó contra las decisiones que le afectaron en el poder judicial, expresó que encontró una resolución en donde “el juez federal sí determinó que se violentan los derechos de los niños con estos cambios”.

Explicó que buscó ampararse después de que solicitó una cita con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rebeca Aladro Echeverría, quien nunca la atendió, y después de haber intentado ingresar un oficio al Consejo de la Judicatura explicando sus razones y que tampoco fue escuchada.

Y en respuesta a su iniciativa, sólo fue espiada en sus redes sociales para justificar la violencia institucional en su contra por su iniciativa de impartir clases en la universidad, que además se llevaban a cabo fuera de su horario laboral, “no es posible que el Estado utilice sus recursos para hacer una violencia institucional y tratar de amedrentarte”.

Sobre lo que persigue con el amparo, explicó que lo importante es que la resolución siente un precedente para sus compañeros “para los que siguen trabajando, para los hombres y mujeres que están solos con sus hijos y se quedan estudiando y que han tenido una profesionalización y que no son escuchados”.