El cabildo aprobó por unanimidad la apertura de la investigación sobre la administración pasada.

Exfuncionarios de Pachuca bajo investigación: ¿qué ocultaban los sellos oficiales?

Este jueves, durante la vigésima tercera sesión ordinaria pública del Ayuntamiento de Pachuca, el cabildo aprobó por unanimidad la solicitud presentada por la regidora Nadia Reyna Camacho para que la Secretaría de Contraloría y Transparencia municipal realice investigaciones en contra de exservidores públicos por la posible omisión de faltas administrativas graves.

El acuerdo, identificado con el expediente HAM/AC/154/2025 y recibido el 11 de agosto, fue dispensado de turno a comisiones para su análisis y resolución inmediata en sesión, obteniendo el voto a favor de todos los integrantes del cuerpo edilicio.

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En tribuna, Reyna Camacho expuso que en abril de 2022 la entonces Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio denunció ante el Ministerio Público la falsificación de un sello oficial. Dicho sello, explicó, validaba la entrega de artículos por parte de una empresa privada al ayuntamiento con motivo del Día del Policía, y habría sido utilizado para pagar una factura de manera irregular, lo que podría implicar desvío de recursos.

La regidora señaló que, tras conocerse el hecho, la exsecretaria de Seguridad Pública notificó a la entonces secretaria de Administración y al presidente municipal en funciones Sergio Baños, sin que se tomaran medidas al respecto. Calificó esta omisión como una falta grave que, además de incumplir obligaciones legales, constituyó un encubrimiento.

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“Callar es permitir, y permitir es encubrir”, afirmó la regidora, quien subrayó que desde la Comisión Especial Anticorrupción que coordina se ha impulsado una agenda para inhibir prácticas indebidas, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que quienes hayan cometido irregularidades rindan cuentas.

Reyna Camacho advirtió que la corrupción no siempre se manifiesta como un gran escándalo, sino también mediante silencios, omisiones o documentos falsificados, por lo que insistió en que cada irregularidad debe ser investigada y sancionada para proteger el recurso público y la confianza ciudadana en las instituciones.

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