Este domingo se llevará a cabo la consulta popular en que se decidirá si cinco ex presidentes: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto podrían ser enjuiciados por supuestas conductas irregulares en sus gestiones.
En las boletas solo se deberá responder marcando un Sí o No. Muy simple.
En Hidalgo se instalarán mil 362 mesas receptoras atendidas por una presidencia, secretaría y escrutador (a), para un gran total de 6 mil 810.
De acuerdo con listado nominal, podría recibirse el sufragio de 2 millones 232 mil 382 votantes en el estado.
El Instituto Nacional Electoral (INE), precisó que el objetivo es que asistan a las urnas el 40% o más.
El proceso significará un gasto de 500 millones de pesos, según estableció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien de antemano garantizó que prevalecerán legalidad, equidad, certeza y transparencia.
Entendiendo que la consulta partió del presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido Morena hará llamados públicos, hasta de casa en casa, para que haya una respuesta positiva y los ciudadanos concurran.
Un reconocido ahogado hidalguense, Pedro Luis Noble Monterrubio, precisó la constitucionalidad de la consulta, esto ante diversas opiniones, muy polarizadas, de si era legal o no.
Escribió que el término Consulta Popular se encuentra en el artículo 35 de la Carta Magna, y que respalda el derecho de todo ciudadano, mexicano, para votar en temas de trascendencia nacional y regional.
Empero, subsisten interrogantes, entre estas: ¿Existen elementos probatorios para confirmar malas conductas de los ex mandatarios?, y, de ser así, ¿por qué no se han hecho públicos para iniciarles procesos?, también, ¿qué tiempo se llevarían, considerando que en otros casos, no de esa trascendencia política, pasan años y años hasta conocer veredictos judiciales?
Se antoja difícil que todos los ciudadanos salgan a votar, como en habituales comicios, pero de lograrse el número mínimo de sufragios para que se proceda, nos daremos cuenta que vivimos en otros tiempos, en un país que radicalmente se acerca a estadíos antes nunca pensados.
El arte del espionaje
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), un software llamado Pegasus se empleó durante el sexenio de Peña Nieto para espiar, así, literal a cuando menos 207 personajes en México en ámbitos políticos, industriales y hasta de comunicación.
En una lista que proporcionó la UIF, se mencionaron, entre otros, a quienes se les identificaba como Los Maléficos, al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, su esposa, Beatriz Gutiérrez, y el hijo José Ramón, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Gertz, Claudio González Laporte, los periodistas Carlos Loret, Carmen Aristegui y Víctor Trujillo, –Brozo-, Epigmenio Ibarra, Marcelo Ebrard, Ricardo Anaya, al extinto gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle y Julio Scherer.
La contratación de tan peculiar servicio se hizo en 2014, vigente hasta 2018, a través de Tomás Zerón de Lucio, de acuerdo con la UIF, con la empresa denominada Tech Bull, que pertenecía a Balam Seguridad Privada, pagándose 32 millones de dólares.
Antes, en la administración calderonista, Genaro García Luna, contrató algo semejante.
López Obrador comentó que esto “tiene que ver con el antiguo régimen, eran las prácticas para tener el control, para intimidar, manipular, para imponerse”.
No ha quedado claro quién o quiénes elaboraron la selecta lista y cuál era el sistema para recolectar datos y a quien finalmente se le entregaban.
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