La Secretaría de la Contraloría continúa con las investigaciones relacionadas con la red de corrupción denominada Estafa Siniestra; además, comenzó con la cancelación de registros del Padrón de Proveedores y Contratistas de Hidalgo de las empresas relacionadas con el tema, así lo informó el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez.
En ese sentido, afirmó que existen 15 procedimientos administrativos en contra de contralores internos que laboraron en mismo número de municipios, 12 empresas fueron dadas de baja del padrón; asimismo, fueron interpuestas más de 15 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) e igual número en el Tribunal de Justicia Administrativa contra exfuncionarios públicos por faltas graves.
“Somos cuatro áreas distintas que hacemos investigación y sancionamos todo lo relacionado con el gasto extraordinario (Estafa Siniestra)”, precisó.
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Asimismo, aseveró que algunas de las empresas dadas de baja fueron denunciadas en la Procuraduría, mientras que la Contraloría impuso una primera sanción económica en enero al municipio de Calnali por realizar adjudicaciones directas y no someter a concurso ninguna.
Las compras, puntualizó, ascendieron a un monto por 4 millones de pesos, por lo que fue acreedor a una multa por más de un millón por realizar operaciones indebidas.
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Más de mil 200 mdp involucrados en Estafa Siniestra
Por otra parte, el contralor recordó que actualmente se investiga el destino de mil 202 millones de pesos, de los cuales casi 600 millones corresponden a municipios; 522 de los 13 señalados que recibieron recurso extraordinario en 2022 y dos más que son investigados por 80 millones entregados en el ejercicio fiscal 2021.
Asimismo, 600 millones corresponden al desvío ejercido en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), de los cuales 140 millones corresponden al presunto jaqueo de datos, 240 millones de estudios socioemocionales a estudiantes y 200 millones de publicaciones de libros.
En otro tema, Bardales Ramírez aseguró que este mes la secretaría a su cargo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública comenzaron con los trabajos de apertura de auditoría de la cuenta pública 2022.
Gran parte de los recursos ejercidos para el puente atirantado lo revisará la ASF, así como del Hospital General, revestimiento del río Tula, y la carretera Pachuca-Huejutla, obras en las que fueron utilizados en su mayoría recursos federales.
Explicó que la Secretaría de la Función Pública el año pasado auditó 25 municipios y a ese procedimiento lo llamó “Auditoría Colmena”, ya que fueron realizadas de manera virtual, pero este año atenderá a 30 ayuntamientos que en su mayoría ejercieron capital de la federación.
En tanto, la Contraloría colaborar poniendo equipo a disposición y observando el proceso a través de la dirección de seguimiento de autorías.
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