Nuestro país atraviesa por momentos relevantes de definición para la atención de los problemas estructurales y de coyuntura en materia económica y de desarrollo social en el marco de los retos que nos ha dejado la pandemia. El bienestar de los mexicanos es tarea de todos y será indispensable generar estrategias legislativas y de política pública que prioricen el crecimiento económico y la erradicación de la pobreza como condiciones ineludibles para lograr un México más justo, próspero y solidario.
En materia económica, tenemos por un lado un sector exportador que se recuperó de la pandemia rápidamente; en enero se exportó más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, a pesar de que el consumo y la inversión se han venido recuperando, aún tienen niveles significativamente menores a los del año anterior, con decrementos del 6.5% y 12.9% respectivamente, al cierre de 2020.
En tal escenario, el reto es reactivar la economía con políticas que generen mayores empleos formales, reduzcan la brecha tecnológica que existe en la digitalización de las MIPYMES, detonen las inversiones de infraestructura en los estados y fortalezcan el poder adquisitivo de los mexicanos.
Por otro lado, hablar de desarrollo social es hablar del combate a la pobreza. En México se mide la pobreza desde una perspectiva multidimensional que contempla el acceso a derechos sociales -alimentación, vivienda, educación, salud, seguridad social- y nivel de ingreso. En ese sentido, las políticas que se habrán de impulsar en el marco de la reactivación deberán atender puntualmente los indicadores que componen la pobreza en su definición más amplia.
Desde 2014 se han observado mejoras muy significativas en los niveles de pobreza, pero aún tenemos retos importantes en términos de garantizar los satisfactores básicos de estos derechos sociales en un contexto en el que el impacto de la pandemia se traducirá en un retroceso importante en los esfuerzos de combate a la pobreza.
Al respecto, el ingreso de las familias se ha visto fuertemente afectado por la pandemia, considerando que el porcentaje de la población que no puede comprar la canasta alimentaria con sus ingresos laborales aumentó de un 37.3 al 40.7%. La contracción observada del PIB en un 8.5% generará alrededor de 10 millones de mexicanos más en situación de pobreza y alrededor de 3 millones más en situación de pobreza extrema.
En tales circunstancias, existe cierto nivel de consenso entre las diferentes fuerzas políticas sobre iniciativas como el establecimiento de un ingreso mínimo, reducción de impuestos federales, seguros de desempleo, entre otras. De cara al proceso electoral, será indispensable analizar e impulsar aquellas políticas que mayor bienestar generen en la población, cuidando en todo momento el manejo responsable de las finanzas públicas y la estabilidad económica de nuestro país.
EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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