El momento inicial está ubicado en un punto medio. En una orilla abunda la descalificación y el rechazo; en la otra hay aceptación e incertidumbre ante lo consumado. Argumentos abundan en la primera; son menos robustos enfrente. Entre análisis técnicos y doctrinales, y el delgado discurso de frases comunes, la reforma judicial es una realidad constitucional; la mañana de este día uno de septiembre, comienza su desempeño en un ambiente de mayoritaria indiferencia de la ciudadanía nacional.
No puede dejar de decirse: el hecho está en la agenda pública como punto prioritario; pero lejos de la conciencia de esa gran masa de justiciables sujeta al buen ejercicio de sus facultades. Si un sentimiento mayoritario hubo desde la génesis política de la reforma judicial, fue la indiferencia, más notoria ante la avalancha de opiniones de las élites interesadas en el tema y de sus intervinientes.
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Parafraseando al general Porfirio Díaz: Una decisión suprema decidió modificar al Poder Judicial y el resto del país se cruzó de brazos para ver la sustitución.
Me temo el foco de la atención morbosamente centrado en una envoltura de rituales, más anecdótica y menos trascedente, cuando lo deseable es – yo lo deseo -, un mensaje potente con el necesario anuncio del rumbo de la impartición de justicia en el futuro inmediato, con la visión de quienes resolverán desde hoy, indispensable para remontar su cuestionada elección; superior a los avisos de apertura, cercanía e itinerancia.
Por la salud de la nación y la viabilidad del Estado democrático de derecho, la apuesta debe apuntar a la rápida y sólida formación de la nueva generación de juzgadoras y juzgadores surgida de un proceso disruptivo en la tradición mexicana. Esa legitimación debe apresurarse y para alcanzarla debe también alimentarse, desde los órganos de la justicia, un ánimo perceptivo de la opinión seria, equilibrada y congruente a la circunstancia, contribuyente a edificar un nivel superior al previo.
Por eso es de celebrarse la instauración de mecanismos de observación con perspectiva analítica y propositiva, y la participación de organizaciones y personas calificadas por su expertis y conocimiento del espacio jurisdiccional. Ejemplos son el Observatorio IBERO sobre el Sistema de Justicia, de la Universidad Iberoamericana, coordinado por la jurista Ana Laura Magaloni; y el Observatorio de la Justicia, mecanismo conjunto del Instituto Tecnológico de Monterrey y el Grupo Editorial El Heraldo de México, liderado por el ministro José Ramón Cossío.
En este nuevo contexto a partir de hoy, cabe un llamado a las y los nuevos depositarios del Poder Judicial, el de un colega con igual responsabilidad en otro continente, Miguel Pasquau Liaño, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, plasmado en el epílogo de su libro El oficio de decidir (DEBATE, Barcelona, 2025):
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“Tú has jurado el cargo. Estás destinada en un juzgado. Tienes un estatuto que te permite soportar presiones, ser independiente y tomar decisiones justas sin pedir permiso. La justicia, esa abstracción tan codiciada, esa virtud social ansiada y huidiza, ese fundamento de la dignidad humana, te pide ayuda a ti para hacerse concreta en cada conflicto que pase por tus manos. Tu trabajo consiste en hacer toda la justicia de que seas capaz. Restituirás, compensarás, indemnizarás daños, harás cumplir al que debe, protegerás derechos, corregirás abusos, contribuirás a que la realidad se parezca un poco más a lo que querríamos que fuese. Para eso tendrás que tomar muchas decisiones difíciles. La grandeza de tu función justifica que te expongas al riesgo de equivocarse: es mucha responsabilidad, pero alguien tiene que hacerlo, y tú has jurado estar dispuesta. No es un mal oficio.”
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