En las primeras dos semanas de la administración de Julio Menchaca Salazar y con las acciones inmediatas que el Gobierno de Hidalgo estableció en la reconstrucción de la paz, las instituciones de seguridad y justicia estatales han obtenido resultados en contra de la violencia y la delincuencia.
Con la puesta en marcha de tareas operativas para combatir la impunidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) judicializó 176 carpetas de investigación y obtuvo 96 vinculaciones a proceso.
Dentro de los resultados, la División de Investigación ejecutó 52 órdenes de aprehensión en los distintos distritos judiciales y se logró la vinculación a proceso.
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Los delitos por los que se vincularon a las personas presuntas responsables fue por: homicidio, violación, abuso sexual, robo, lesiones, fraude; además de violencia familiar, narcomenudeo, sustracción de menores, incumplimiento de las obligaciones alimentarias, robo de vehículo, entre otros.
Y se contó con el apoyo del equipo ministerial de la dependencia estatal.
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SSPH detuvo a 32 personas
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) mantiene el despliegue e intensifica los dispositivos de prevención y atención de emergencias a través del C5i y la Policía Estatal, con la asistencia de tecnologías y herramientas operativas.
Con lo anterior ha sido posible, desde el pasado 5 de septiembre, el aseguramiento de 32 personas relacionadas con hechos posiblemente constitutivos de delitos como narcomenudeo, robo, allanamiento, portación de arma de fuego, entre otros, y que quedaron a disposición de Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la (PGJEH).
Además, 169 personas fueron remitidas por agentes estatales ante jueces conciliadores de diferentes ayuntamientos por incurrir en faltas administrativas sancionadas por la autoridad municipal.
A ello se suma la recuperación, por parte de operativos de ambas instituciones, de 83 vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus medios de identificación.
Los objetivos se cumplieron a partir del inicio de políticas en materia de defensa y protección de derechos humanos, así como de cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción, alineadas a las políticas públicas estatales puestas en práctica de manera inmediata.
Las estrategias de inteligencia y coordinación con instituciones federales y municipales impulsan la transparencia y el ejercicio de la acción penal en cada una de las tareas de prevención, combate e investigación, y facilitan a la población el acceso a la justicia.
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