De 2018 a lo que va de 2022, en Hidalgo han sido sancionados 4 mil 421 servidores públicos, a quienes aplicaron desde inhabilitaciones, suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución o amonestación, de acuerdo con cifras de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
De dicha cifra, 331 correspondió a inhabilitaciones, 37 destituciones, 208 suspensiones del empleo cargo o comisión, mil 378 amonestaciones privadas, 163 descuentos, ocho bajas definitivas por abandono laboral, 83 administrativas, nueve destituciones e inhabilitación, seis sanciones económicas, 480 ninguna, y en otras no se detalla.
En 2018 fueron sancionados 718 servidores públicos en la entidad, entre ellos el Jefe de Grupo adscrito a la Dirección General de la Policía Investigadora, José Antonio Gómez González con la destitución de su cargo, sanción económica e inhabilitación de tres años por cohecho. Mientras que en 2019 recibieron una sanción 828 empleados públicos.
Para 2020, el año de inicio de la pandemia de Covid-19, se aplicaron 847 sanciones, entre las que se encuentran la inhabilitación por seis años de los rectores de la Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC) Gerardo Marcelino Lara Orozco, Santiago Abel Cruz Lemus, Julio Márquez Rodríguez y Arturo Silva Rodríguez.
En ese mismo año se impuso la inhabilitación temporal a la ex presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, para no desempeñar empleos cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un año.
Las estadísticas de la Plataforma Nacional de Transparencia indican que en el año 2021 la cifra de burócratas sancionados aumentó a casi el doble, con mil 921 servidores públicos en la entidad.
En ese año se sancionó con la destitución a Neri Silva Martínez, como subsecretaria de Operación y Vinculación Ciudadana en Mineral de la Reforma por incumplimiento de la declaración patrimonial; amonestaciones privadas para los jueces Marco Antonio Chávez Saldívar (Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende) y Arturo Reyes Elizondo (Juzgado Penal del Distrito Judicial de Apan).
Ambos jueves fueron sancionados por incumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia previstos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En lo que va del 2022 suman 100 servidores públicos sancionados, entre los que se encuentra la inhabilitación por seis meses del jefe de grupo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Omitlán de Juárez, José Trinidad Espinosa Tovar, y del oficial Luciano Luna Cebada, en ambos casos por violación a las actuaciones de las instituciones de seguridad pública.
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