El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, apuntó a posibles intereses económicos en torno al caso de abuso sexual en contra de dos menores originarias de Zimapán y que el pasado miércoles 19 de febrero generó bloqueos por parte de transportistas en la zona metropolitana de Pachuca.
El mandatario estatal no descartó la comisión del delito de abuso sexual, “porque sí fueron agredidas” expresó, pero argumentó que se están trasladando estos hechos a un conflicto familiar por un tipo de herencia.
“Más que nada el conflicto entre la familia y la utilización de algo que agrava tanto a la sociedad como es el abuso, para trasladarlo a una situación de carácter económico en donde sí hay una intención de participar en una actividad muy lucrativa que es el transporte de materiales, particularmente en Zimapán”, refirió.
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Esto con relación a la participación de transportistas del Sindicato del Cemento en los bloqueos generados el pasado 19 de febrero, y a quienes cuestionó su conocimiento en los hechos, “fueron utilizados, por un interés que no es precisamente algo tan sencillo porque se revictimiza”.
Descartó que por parte del Gobierno Estatal exista una protección a alguna de las partes involucradas como se denunció en la pasada protesta y reiteró la disposición para el diálogo, aunque recordó que el caso de abuso sexual se encuentra en el Poder Judicial Federal.
Descartó que en Hidalgo exista ingobernabilidad por lo ocurrido y reiteró que serán las autoridades federales quienes determinen la responsabilidad de los hechos que agravaron a las menores de edad.
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