A tres años del trágico Viernes Negro en San Primitivo, Tlahuelilpan, que costó la vida a 137 personas, es claro el triunfo de los huachicoleros sobre el Gobierno de la República, porque contrario al discurso oficial la extracción y comercialización ilegal de combustible está en pleno apogeo, causando inseguridad en muchos estados del país, Hidalgo uno de ellos donde en el último año se detectaron más de mil 100 tomas clandestinas.
Esta victoria del Huachicol que se comercializa clandestinamente entre 10 y 13 pesos el litro mientras en los expendios legales alcanza precios por arriba de los 21 pesos, se debe también a la fallida estrategia de seguridad y vigilancia desplegada por las autoridades federales, aunque en múltiples ocasiones son las policías municipales las que terminan inhibiendo o enfrentándose con los huachicoleros.
Los responsables de la vigilancia de la red de ductos que cruzan por Hidalgo son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), los que por cierto no permiten que las policías municipales o estatal se acerquen a los ductos y simplemente no notifican a los presidentes municipales de sus operativos.
Otro factor que impacta en la deficiencia de la estrategia para combatir al Huachicol son las deficientes condiciones que enfrenta el personal de los cuerpos de seguridad para realizar sus recorridos de vigilancia, lo que les da ventaja a los grupos delincuenciales dedicados a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Así es como la realidad supera y avasalla a la narrativa del Gobierno de la República y del presidente que, al inicio de su administración, utilizó al Huachicol como objetivo central de la lucha contra la corrupción, lo que no ha conseguido y abandonaron no solo a las familias de la víctimas de San Primitivo, que si bien cometieron un ilícito, sus deudos requieren apoyo, también el discurso triunfalista de que el Huachicol había sido casi erradicado.
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