No extrañó que la diputada federal con licencia Lidia García Anaya que busca reelegirse no se presentará en el debate virtual convocado por el Centro Empresarial de Hidalgo (CEH), porque se exponía a una estrepitosa derrota por su pobre trabajo legislativo pero sobre todo porque su posición actual en el Clan Universitario de Gerardo Sosa Castelán, la hacen altamente vulnerable y sus argumentos fácilmente rebatibles.
Pero su ausencia no la libro de las críticas del candidato de Va por México Benjamín Rico Moreno, al reprobar que ningún diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuatro de ellos incluyendo a García Anaya intentan permanecer en San Lázaro, hayan impedido que a Hidalgo le quitaran 2 mil 500 millones de pesos del presupuesto, por el que él se compromete a pelear.
Pero más que el tema presupuestal lo que tiene mal parada a Lidia García Anaya ex secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (SPAUAEH) es su condición de presidenta del Patronato Universitario, posición que utilizó Gerardo Sosa para beneficiarse económicamente de acuerdo al proceso penal por peculado, defraudación fiscal y delincuencia organizada que enfrenta.
Porque debe rendir cuentas sobre la situación que guarda el patronato y también explicar el origen de los 151 millones de dólares bloqueados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque el sindicato que dirigió debe tener información sobre ello, porque de acuerdo a los dichos de Gerardo Sosa, parte de esos recursos provienen de las cuotas sindicales de los trabajadores académicos y administrativos de la UAEH.
Porque nadie se explica porque las cuotas de los trabajadores del fondo de jubilación están en cuentas que operaba el Patronato Universitario, no los sindicatos, ya que estas son patrimonio de los agremiados a ellos y si existe un convenio u acuerdo para ceder el manejo de estos recursos de los que por cierto los jubilados no reciben beneficio alguno, por el contrario hay una política para obligarlos a recibir pensiones por debajo de lo que percibían.
Además se han cancelado con la anuencia de los sindicatos plazas basificadas y ampliado la contratación temporal de académicos para evitar que generen derechos como la antigüedad y muchos académicos que han levantado la voz han sido despedidos injustificadamente, por eso repercute el señalamiento de que García Anaya pertenece a la red de corrupción de Gerardo Sosa, por consecuencia defiende sus intereses no los de la ciudadanía.
Aplica así que el calla otorga y García Anaya guarda silencio, mientras desde el cuarto de guerra en Amaque, se diseñan campañas negras en contra de Benjamín Rico, para la última etapa de la fase proselitista del proceso electoral que cierra el 2 de junio cuatro días antes de la jornada comicial.
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