En las últimas semanas el tema de aborto ha estado haciendo ruido en diversas partes del país. Nos encontramos celebrando algunos procesos que han despenalizado el aborto parcialmente, pero también indignándonos con la criminalización que le sucedió a Esmeralda.
Esta semana la discusión dará un avance interesante. El jueves el pleno del Congreso de la Ciudad de México votará un proyecto que busca eliminar por completo las penas para las personas que aborten o que ayuden a abortar a alguien con su consentimiento en cualquier momento de la gestación.
Actualmente ya hay tres estados (Coahuila, Guerrero y Michoacán) que ya no contemplan ninguna pena para las personas que decidan abortar en cualquier momento de la gestación, pero si las mantiene para el personal de salud quienes no pueden realizar abortos voluntarios después de la semana 12 a menos de que exista alguna causa, como que el embarazo sea producto de una violación o ponga en riesgo la vida o la salud de la persona para hacerlo.
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La parte innovadora en Ciudad de México es la descriminalización para el personal de salud, pero esto no significa que en la autonombrada ciudad de los derechos se vayan a proveer servicios de aborto voluntario en cualquier etapa gestacional.
La Ley de Salud local limita al servicio de ILE hasta la semana 12, de ahí que, aunque ya no existirán penas por abortar o atender un aborto, operativamente el sistema de salud no podrá ofrecer el servicio más que en causales.
Canadá y algunos estados de Estados Unidos, son las únicas regiones en el mundo que tienen despenalizado y garantizado el servicio de aborto voluntario en cualquier momento de la gestación y esto no ha hecho que se incrementen los procedimientos después de segundo o tercer trimestre, sino que garantiza que las personas con posibilidad de gestar tengan reconocida su ciudadanía plena, no haya temor a la criminalización y que quien necesite el servicio lo reciba de forma digna.
La reforma plantea la idea de que por fin el aborto no sea un asunto que se resuelva y se decida a través del derecho penal, que lo único que ha hecho es llenar las cárceles y generar mayor violencia e impunidad; sino desde el derecho a la salud, desde las políticas públicas para resolver de raíz los problemas que nos aquejan.
Se apruebe o no, este ejercicio legislativo nos está abriendo críticas, reflexiones y debates necesarios para tirar los estigmas, los miedos, los prejuicios que hemos creado alrededor de la decisión de abortar, tanto en el movimiento de aborto, como en la parte política, jurídica y social. Pero lo que, si debe estar al centro, siempre es que cuando una persona decide abortar ese embarazo ya no es viable y debemos acompañar y respetar esa decisión.
La Ciudad de México nos recuerda el objetivo principal de nuestra lucha: la posibilidad de que en un lugar del país exista un Código Penal que no criminalice el aborto voluntario, no merecemos menos que eso.