Con el compromiso de ser la primera alternancia en cerca de un siglo, resultado de un triunfo electoral contundente, el de Hidalgo se sumó a la ola de gobiernos surgidos del partido Morena, ahora instalados en la casi totalidad en las entidades federativas; con un adicional: la sustitución de una generación política de clase nacional.
Esas tres características, cuando menos, hacen del relevo novedoso una circunstancia irrepetible y por tanto la oportunidad única de un cambio verdadero en las estructuras, todas, del andamiaje institucional, incluidas las expresiones opositoras y el sector privado.
La clave está en la suma de voluntades motivada por el motor gubernamental, independientemente de la coincidencia ideológica. El análisis objetivo y sereno de los motivos locales de la transición es fundamental para la transformación propuesta como un cambio de régimen.
Ha transcurrido el primero de los seis tramos del ejercicio constitucional, sin sobresaltos ni conflictos. El tránsito ha sido terso, sin estridencias, con seguridad en el mando y líneas bien definidas: combate a la corrupción y la delincuencia, evidentemente las más contundentes; y la atracción de inversiones para el desarrollo económico.
Se suma un discreto paquete de reformas legislativas en donde sobresale la reforma electoral y desde luego se observa la relación inteligente con una legislatura proveniente de una elección resuelta durante el gobierno anterior.
El reciente reacomodo de las bancadas al interior del Congreso en nada alteró la relación entre Poderes y eso mismo se espera del cambio en la Presidencia de su Junta de Gobierno.
Lo mismo pudo verse en la elección del rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, institución con un peso específico en la entidad.
De las acciones, cifras, datos específicos, resultados y evaluaciones técnicas de este año inicial del periodo constitucional conoceremos mañana cuando se entregue y haga público el primer informe del gobierno estatal.
Al día siguiente el escenario nacional, según anuncio del presidente de la República, tendrá un cambio significativo cuando se traspase el liderazgo nacional del movimiento hasta ahora encabezado por él, a la persona destinada a presentarse en las elecciones presidenciales del año próximo.
Con ese hecho determinante iniciará el segundo año de la administración local. Traerá aparejado un reacomodo natural para dar cauce a las candidaturas contendientes en las elecciones federales, locales y municipales de 2024, donde elegiremos representantes en el Senado, diputadas y diputados en las Cámaras federal y local, y ayuntamientos.
Será un gran movimiento en las fuerzas políticas partidarias como en los grupos de poder. Necesariamente con un impacto en el proyecto gubernamental, no solo por los posibles cambios personales sino, lo más importante, por las nuevas condiciones nacionales, menos o más favorables, según sea el reparto de candidaturas y, posteriormente, el resultado de cada elección.
El riesgo para el gobierno local es destinar todas sus baterías al proceso político-electoral y aminorar la velocidad de sus responsabilidades. El gobernador deberá caminar en ambas pistas, las y los responsables de la acción de gobierno en la de su personal encomienda.
El juego político traerá, es predecible, otros elementos propios para desestabilizar. Astucia para advertirlos e inteligencia para resolverlos serán imprescindibles para encaminarse al tercer tiempo, con otra presidencia, renovadas legislaturas y ayuntamientos. Intenso tramo el inmediato.