En medio del fragor de la batalla política nacional, la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación se ha tensado hasta el punto del total desencuentro. El inédito fenómeno marcado por la elección para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la ministra Norma Lucía Piña pudo ser el detonante, a decir de quienes advirtieron en ello el desacuerdo del presidente López Obrador.
Siguieron las anécdotas en la ceremonia de homenaje a la Constitución y sobre todo el discurso de la primera juzgadora elegida para presidir el tribunal constitucional. La desavenencia declarada vino con la resolución que declaró inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El tono empezó a subir en Palacio Nacional.
No hubo respuesta desde la Corte. Solo algunos pronunciamientos públicos, propios del Poder Judicial y expresados en actividades de su entorno. Sin señalamientos ni alusiones a la creciente tensión, ni declaraciones de enfrentamiento o reclamo, el ambiente no mejoró.
Negativamente contribuyeron a caldear los ánimos las agresiones públicas a la imagen de la Ministra presidenta y las dirigidas desde el exterior de la sede principal de la Suprema Corte colindante, calle de por medio, con la emblemática Plaza de la Constitución.
Luego vino la resolución a la controversia constitucional ejercida para combatir el llamado Plan B de la reforma electoral. La declaración de inconstitucionalidad aprobada por la mayoría necesaria en el Pleno, incendió el escenario. La descalificación presidencial y sus ecos sobrepasaron los límites conocidos, por lo mismo generaron toda clase de asombros y rechazo en diversos sectores, particularmente los vinculados a la vida jurídica.
El más reciente episodio corrió a cargo del senador Ricardo Monreal pues supuso una amenaza, luego desmentida por el legislador zacatecano, para llevar a Juicio Político a ministras y ministros votantes a favor del rechazo a las disposiciones electorales aprobadas apresuradamente en ambas cámaras del Congreso.
Una cascada de comentarios alimentan a diario el diferendo, incluso rozó en los diferentes rumbos por donde ya transita – la sucesión presidencial por ejemplo -, después de la anunciada intención del titular del Ejecutivo de presentar al Congreso una iniciativa de reformas al Poder Judicial, específicamente al procedimiento de elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, para hacerlo mediante el voto directo de la ciudadanía.
Sin atender al bosque, las reacciones al anuncio del Presidente se quedaron en el árbol. Será tema de otro análisis. No apresuremos la negativa.
El caso es, al día de hoy, un Poder Judicial sentado de muchas formas, algunas poco ortodoxas, en el banquillo de la acusación. Nada para asombrarse: ninguna institución pública debe ser ajena al escrutinio, sea por oportunidad o por necesidad. Lo preocupante son el método y la forma de hacerlo, alejada del sometimiento a la sacralidad protocolaria. En ello va el riesgo, de consecuencias graves si se desdeñan las variables externas de la circunstancia.
En buena medida el Poder Judicial enfrenta hoy el costo del desdén alimentado por la soberbia. Desde la judicatura, poca ha sido la voluntad para cerrar la brecha de separación con la población justiciable. Sucede en la justicia federal y en la local, de todas las materias y niveles. Pero no todo son privilegios ni corrupción. Los hay, visibles y hasta impúdicos. No son la generalidad y es urgente demostrarlo.