El brutal asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, mientras hacía campaña proselitista a plena luz del día y en una céntrica calle de esa ciudad del estado de Sonora puso al desnudo la realidad en la que viven a diarios millones de mexicanos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que el año pasado tan solo en Cajeme, también conocida como Ciudad Obregón, hubo 411 homicidios dolosos, lo que significa más de un ejecutado por día en promedio.
Al margen de lo que concluyan las investigaciones, una hipótesis simplista de la ejecución de Murrieta podría llevar a pensar que su muerte tuvo que ver con el hecho de que en el pasado reciente fue Procurador General de Justicia en la entidad o porque era el abogado de la familia LeBaron, la misma que perdió a 3 mujeres y 6 niños el 4 de noviembre de 2019 a manos del crimen organizado en la serranía sonorense.
Desgraciadamente Sonora no es la única entidad que vive bajo el asedio del crimen organizado. Apenas el 8 de mayo el equipo del candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, fue atacado con 14 balazos al regresar de una gira proselitista. En este caso no hubo víctimas mortales, pero sí dos heridos quienes forman parte del equipo del candidato. Valencia Reyes no viajaba en la camioneta porque había cambiado de vehículo para volver a su casa.
No corrieron con igual suerte Francisco Rocha, candidato del PVEM a diputado local en Tamaulipas; Luis Roberto Don Félix, candidato independiente a la tercera regiduría en Tecate, Baja California; Alejandro Galicia Juárez, abanderado del PRD a regidor en Apaseo El Grande, Guanajuato y Mayco Fabián Tapia Quiñones, quien buscaba una diputación local por Fuerza por México, en Nuevo León. Todos fueron ejecutados durante la campaña electoral en curso.
Estos homicidios han sido mediáticos porque se trata de políticos que compiten o competían por un puesto de elección popular. Hay otros que ocurren en otras latitudes del país y que de igual forma impactan en el ánimo de la gente. Está el caso del secuestro y posterior ejecución de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno, apenas el 10 de mayo en el estado de Jalisco, que llevó a unos 10 mil jaliscienses a salir a las calles a exigir justicia y acabar con la violencia en esa entidad.
Ejemplos abundan y se dan de norte a sur y de este a oeste de la geografía nacional. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al día siguiente del asesinato en Cajeme que el país atraviesa un “momento difícil”. Ojalá fuera un momento, porque la violencia generalizada no se ha detenido desde hace más de 15 años.
Es en este ambiente de terror en varias regiones del país en el que los ciudadanos deberán acudir a las urnas dentro de 20 días. El miedo a lo que ocurre en el entorno formará parte de la decisión que tome quien vaya a cruzar la boleta electoral, o incluso, ese mismo miedo podría hacer que muchos, cientos o quizá miles de personas, decidan no acudir a las urnas.
Vale la pena preguntar entonces ¿a quién conviene este ambiente enrarecido, lleno de olor a pólvora y a sangre? Sería igual de criminal dejar que la violencia y el crimen organizado hagan de las suyas para inclinar la balanza en favor de un candidato o de un partido político.
Comentarios: miguel.perez@hidalgo.jornada.com.mx
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