La búsqueda del conocimiento y la aplicación de él en la vida cotidiana tiene en nuestro país una historia milenaria que va de la época prehispánica a nuestra actualidad. Sin embargo, en lo que refiere a un aparato creado ex profeso para su impulso y consolidación, tenemos un sistema extremadamente joven, en el siglo XX se fundaron nuevas universidades e institutos de investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México (1910), el Instituto Politécnico Nacional (1936), el El Colegio de México (1940), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (1960) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (1962). Con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 1970, se formalizó la estructura del sistema científico, dotándolo de un ente encargado de planificar su desarrollo.
Posterior a ello, en México hemos tenido un crecimiento en la oferta de educación superior pública y privada en toda la república, extendiendo una red de universidades autónomas, politécnicas, tecnológicas e institutos tecnológicos, quienes, a pesar de no tener el objetivo específico de desarrollar innovación, investigación y transferencia de tecnología, si no de llevar como premisa fundamental la formación de profesionales, técnicos y graduados de nivel lincenciatura; hoy componen un conglomerado de instituciones que sostiene al aparato de la sociedad del conocimiento. Y ellos, ante la realidad de una nueva normalidad, son acreedores del compromiso social y la posibilidad de ser los únicos semilleros de ideas, empresas e innovación de las entidades.
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Si la ciencia y la tecnología son torales para el desarrollo de un país, es imperante que la inversión en estos campos tiene que insidir para lograr obtener beneficios sociales y económicos. Invertir en el conocimiento es invertir en el éxito.
En este sentido, la aparición de una nueva ley de humanidades, ciencia y tecnología nacional, hace indispensable generar una nueva legislación estatal en la materia, la cual, además, debera de estar alineada al proyecto nacional y garantizar un verdadero acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales a nivel local y regional. Así como también a que los recursos destinados a este noble fin, encuentren el asidero que les corresponde en el sector académico y científico, caminando en el avance del conocimiento en todas las áreas y campos del saber, contribuyendo a la prevención, atención y solución de problemáticas y necesidades en todas las regiones de Hidalgo.
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Reconocer nuestras debilidades, abundar en las potencialidades de nuestros recursos humanos y formar ciudadanos conscientes, críticos, con un sentido de humanismo digital y habilidades sociemocionales, es una obligación de los individuos y las instituciones. Como sociedad, en el cambio de paradigma mundial, temos que dejar a un lado la idea de desconocer el derecho humano a la ciencia, para transformarla en un derecho fundamental que garantiza a su vez otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, la salud, el acceso a la información y/o a un ambiente sustentable. En suma, tenemos que apoyar, desde nuestras trincheras, en la consolidación de un aparato legal, administrativo y académico, donde sea el deseo del conocimiento el que nos impulse.