La sequía que padece todo el país ha prendido todas las alarmas posibles, ante la posibilidad de que en unos meses varias ciudades comiencen a sufrir una aguda crisis de desabasto de agua, entre ellas la Ciudad de México, lo que traerá efectos para la reserva disponible en Hidalgo.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mayoría de las presas del centro-norte del país se encuentran por debajo del 50% de su capacidad. Aunque preocupa especialmente la situación del sistema Lerma-Cutzamala, pues sus siete presas registran 38% de almacenamiento en febrero. Tan grave es la situación, que el “día cero” (es decir, cuando ya no habrá reservas) está marcado para el 26 de junio.
Ante esta emergencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en la mañanera del pasado miércoles un plan para garantizar el abastecimiento de agua en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX), en el área conocida como Zona Metropolitana del Valle de México.
El mandatario dijo que el plan incluye la perforación de nuevos pozos en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para asegurar agua a corto plazo. En su intervención, López Obrador dijo que hace 20 años se descubrió un acuífero en las inmediaciones del AIFA, como resultado del paso del Gran Canal, obra que llevó a cabo hace más de 100 años Porfirio Díaz para prevenir inundaciones en la Ciudad de México.
Pero la crisis actual, obliga a buscar fuentes adicionales de abastecimiento.
Por eso el presidente dio a conocer que el proyecto también busca traer agua de Hidalgo a través de un acuerdo con la Ciudad y el Estado de México.
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El problema despierta inquietud en la población hidalguense, pues aquí también se sufre desabasto. En particular, Pachuca ha enfrentado una aguda crisis, que ha llevado a la población de varias colonias a las calles.
La propuesta del presidente ya tuvo eco en la entidad, en voz del director de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA), Juan Carlos Chávez González, quien a pregunta expresa de reporteros, dijo que “el agua es de la nación” y quien la administra es la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El funcionario tiene razón, así lo establece el artículo 27 de la Constitución, que establece que la propiedad de las aguas corresponde originalmente a la Nación. Y sobre las aguas subterráneas, la Constitución precisa que “el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional”.
El plan que anunció de forma escueta el presidente no solo es factible, sino que está fundado en las facultades que establece la Constitución. Lo que la federación y los estados involucrados deben garantizar es que las comunidades de donde se va a extraer el agua no solo sean testigos, sino que también tengan garantizado el abasto.