Hugo Pérez Ramírez, síndico hacendario de Tepeapulco, calificó como una persecución política las denuncias interpuestas en su contra ante el Congreso Local y el Órgano Interno de Control (OIC) municipal, luego de que los procedimientos administrativos y políticos en su contra son poco claros.
En entrevista, el edil explicó que el primer procedimiento de investigación comenzó a principios de julio, pero él no fue notificado, en tiempo y forma para integrar su defensa, como lo instruye la ley y los lineamientos. Acusó intereses poco claros por parte de quien encabeza el Ayuntamiento, la alcaldesa Marisol Ortega López, también integrante del Grupo Universidad.
Con un procedimiento que se le sigue también desde el Congreso Local con el cual se busca un juicio político y posterior destitución de su cargo, así como otro aparejado en el OIC, el edil informó que se le acusa, según versión de dos testigos desconocidos, que habría recibido más dinero del considerado como pago en la regularización de comercios en el mercado municipal.
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“Sin embargo, tengo los recibos de la Tesorería Municipal por cada peso ingresado, pero son dos personas que por su dicho me están acusando”, explicó a la par que describió que si bien ante el OIC a penas se le notificó que estaría en proceso de investigación su caso, su expediente fue rápidamente llevado ante el Congreso Local para solicitar juicio político que ya se encuentra en fase probatoria.
“La alcaldesa siempre estuvo enteradas de proceso de regularización de los locales comerciales, incluso me pedía información de cómo se llevaba a cabo la regulación de los espacios. Sin embargo, ordenó al OIC emprender una investigación en mi contra”, pero sin atender los procedimientos administrativos que se tienen que seguir, dijo el síndico.
En su favor expuso que incluso a uno de los comerciantes se le coaccionó para declarar en contra y poderlo inculpar. Y hay dos testigos más, de quienes desconoce sus datos que también presuntamente lo están responsabilizando del hecho.
En tanto en el Congreso Local se pide juicio político en su contra, aun y cuando el OIC mantiene en proceso de investigación su expediente y no se le ha responsabilizado. Sin embargo, con mayoría del partido Movimiento de Regeneración Nacional y en específico del Grupo Universidad, al cual pertenece la alcaldesa, fue hasta tres semanas después que se enteró de la petición del juicio, tema que ya está avanzado porque está por terminar la presente legislatura.
Para Pérez Ramírez esto se trata de una persecución política, pues desde la campaña electoral para la alcaldía, la ahora alcaldesa le pidió renuncia al cargo, petición a la que se negó, y el viernes antes de la elección llevada a cabo el 18 de octubre, se le notificó que ya estaba fuera de la planilla.
Sin embargo, tras solicitar la protección de sus derechos político-electorales, el caso llega hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las instancias se le concede la razón, pues si bien fue notificado unos días antes de la Jornada electoral su salida del cargo, en las boletas ya no aparecía su nombre.
“Nunca renuncié el cargo de síndico, tampoco me pidieron que firmará documento alguno para esto. Y no soy el único a quien que pidieron que renunciara tampoco a quien sacaron”, detallo como precedente de la condición que ahora mantiene.
La integrante del Grupo Universidad la alcaldesa Marisol Ortega López, quien ha ocupado cargos al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ya en marzo pasado fue multada incluso ya por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por desacato cuando se le ordenó entregar un informe exhaustivo sobre las notificaciones, instrumentos, así como documentales necesarios para resolver los juicios ciudadanos que interpusieron síndicos y regidores.
Además fue acusada de que no se turnó a la Comisión de Hacienda la Ley de Egresos 2021 para su análisis y aprobación. Situación que regidores le señalaron también al inicio del año.
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