Está en el Congreso de la Unión la Reforma Electoral. Enviada a la de diputados como Cámara de origen, ahí le antecede el rechazo a la presentada para reformar la industria eléctrica nacional, origen de un profundo desencuentro –prefiero no escribir enfrentamiento-, que rebasó al espacio legislativo, preocupante por las manifestaciones lesivas y sus secuelas que siguen calando hondo en detrimento de la cohabitación política que debe caracterizar a la república democrática donde prime el Estado de derecho.
Si a los anuncios del bloque parlamentario opositor nos remitimos, la también llamada Reforma Democrática correrá igual suerte: no pasará. Visto así, las posibilidades de su aprobación son escasas. Pero en política las cosas cambian de momento a momento. Ahora se suma el contenido de la propia iniciativa que, de aprobarse, afectaría sensiblemente el proselitismo partidario al suprimir el actual esquema de financiamiento para entregarse solo en temporada electoral. Se antoja difícil la aceptación, no solo por el impacto directo sobre los institutos políticos, sino por la condición de entidades de interés público que les da la Constitución. Si eso es así, se entendería una afectación al desarrollo democrático.
Con independencia del destino de la iniciativa presidencial en sede legislativa, no es ocioso el análisis estrictamente jurídico de su contenido, sin adentrarse en los componentes de naturaleza política, por cierto notablemente más discutidos apenas hecho el anuncio oficial de su envío al Legislativo.
Centro la discusión en un problema evidente desde la Exposición de motivos que adelanta una posible inconstitucionalidad relacionada con el sistema federal. Dice textualmente el objetivo número cinco: “Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana”.
Entendible e incuestionable el propósito de reducir el costo de las elecciones, incluida la parte jurisdiccional. Sin embargo en una república como la nuestra, declarada constitucionalmente democrática, el tema tiene otros matices: las economías deben ser tales sin afectar los procesos democráticos y con ello los derechos de la ciudadanía.
Conviene privilegiar la austeridad pero sin sobreponerla a la decisión fundamental establecida en la Constitución que es el federalismo. Si la reforma de 2009 y luego la surgida del Pacto por México lesionaron sin recato la médula de ese modelo establecido en 1824, la propuesta actual es contundente: lo anula al pretender centralizar gestión y jurisdicción electorales, al extremo de ordenar que los recursos financieros y materiales, y hasta los archivos de las instituciones eliminadas en el articulado transitorio, que provienen y forman parte del patrimonio de las entidades federativas, se trasladen a la propiedad de los órganos nacionales llamados a asumir sus canceladas facultades.
Ambigua interpretación del pacto federal. Quita cargas presupuestarias a sus administraciones pero mengua facultades y despoja a las entidades federativas para dar a la Federación obligada a fortalecerlas, mediante escueto argumento y términos poco amables, descalificando a las instituciones subnacionales condenadas a desaparecer. Sentencia la iniciativa: “Además del gigantismo de los órganos electorales locales, hay que agregar la irrelevancia de los tribunales locales en materia electoral: como primera instancia no brindan certeza a los procesos electorales”. Así el trato.
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