La diputada local Carmen Lozano Moreno informó que algunos legisladores solicitaron al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Julio Valera Piedras, un asesor jurídico que pueda orientar a las víctimas de delitos sexuales, toda vez que a la casa del pueblo se han acercado al menos seis familias para solicitar apoyo en este tema.
Explicó que después de darse a conocer el caso del empresario de Zimapán, Arturo Williams Trejo Leal, algunas personas se acercaron a diversos diputados para exponer sus asuntos y solicitar la asesoría del Legislativo.
“Julio Valera está en condición de apoyar con un asesor, porque podríamos estar con ellos (víctimas) socialmente, pero necesitamos a alguien que sepa de leyes para que les dé el acompañamiento. Dicen que para los pobres no hay justicia, porque vemos en varias ocasiones que existe la economía y se les ofrece a ciertas personas y cambian sus dichos y hechos”, expresó.
La diputada dijo que los familiares se acercan con la esperanza de que se les dé acompañamiento y así alcanzar la justicia que esperan, por lo que consideró que contar con asesores jurídicos ayudará a orientarlos en estrategias legales que les permita alcanzar su objetivo.
Respecto al caso de Willy Trejo, en donde la jueza Janett Montiel determinó no vincularlo a proceso por su presunta responsabilidad en la violación de dos menores de edad, Lozano Moreno lamentó dicha determinación y aseguró que la Procuraduría impugnó la decisión de la juez, mientras tanto, la familia de las menores sigue aportando pruebas al caso.
“Queremos que se haga justicia, el tema es la juez Janett, porque coincidentemente es la juez que determina dejar libres a personajes señalados; el proceso se sigue alargando, la Fiscalía General de la República (FGR) y Santiago Nieto han dado instrucciones para que se revise la carpeta y sumen más pruebas contundentes contra los que las niñas señalan”, refirió.
Por último, adelantó que, en caso de no obtener un fallo favorable en la impugnación, los abogados informaron que deberán recurrir a un amparo y eso derivaría en que la FGR tome el caso para que jueces federales lo analicen y determinen lo conducente respecto al responsable de violación de las menores.
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