En el Congreso de Hidalgo, diputados locales presentaron diferentes iniciativas de reforma a leyes estatales para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.
Entre ellas, una que pretende obligar a los conductores del transporte público a colaborar y brindar apoyo ante cualquier hecho probablemente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres o niñas.
Las reformas en materia de prevención y actuación en casos de agresión contra ese sector de la población fueron presentadas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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Inicialmente, el diputado Julio Valera Piedras, presentó una iniciativa que reforma a la Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo para implementar como obligación de los conductores de vehículos del servicio de transporte, colaborar y brindar apoyo al primer respondiente o autoridad, ante cualquier hecho probablemente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres o niñas.
Asimismo, busca establecer la obligación de los concesionarios y permisionarios para contribuir el acompañamiento en los casos reportados de acoso y violencia sexual en el transporte público.
Por su parte, la también diputada priista, Citlali Jaramillo Ramírez, dio a conocer la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los gobiernos estatal y municipales, así como de los organismos descentralizados de Hidalgo.
El objetivo es propiciar un ambiente laboral libre de violencia, mediante la implementación y actualización de las políticas, programas y protocolos para la prevención, atención y sanción de los casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral dentro de los gobiernos estatal y municipal.
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Así como, fomentar el desarrollo de programas de capacitación, formación y certificación en la prevención, atención, sensibilización y sanción del acoso y hostigamiento sexual y laboral.
Finalmente, el legislador Alejando Enciso Arrellano propuso otorgar facultades a la Secretaría de Educación Pública para vigilar que en las instituciones públicas y privadas se promuevan y apliquen los protocolos de actuación ante hechos de violencia, así como impulsar redes de apoyo para intervenir en favor de las víctimas.
Además, contemplan otorgar dos nuevas facultades a la Secretaría de Educación Pública para vigilar que las autoridades escolares promuevan y apliquen los protocolos de actuación e impulsar la creación de redes de apoyo para víctimas de violencia escolar, mediante las cuales se brinde orientación legal, así como atención psicológica y emocional.
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