Diputados del Congreso local presentaron dos propuestas para hacer un llamado a autoridades estatales y federales para poner fin a conflictos comunales en los municipios de Santiago de Anaya y Tepeji del Rio por fracciones de terrenos.
El diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo presentó la propuesta de exhorto a la Secretaría de Gobernación Federal, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, para que intervengan en el conflicto comunal entre los habitantes de Julián Villagrán y Yolotepec en Santiago de Anaya.
El legislador expuso que la disputa radica desde 1993, cuanto el Tribunal Agrario otorgó a vecinos de Julián Villagrán una superficie de terreno que estaban en posesión de ejidatarios de Yolotepec, por lo que para evitar un conflicto social en 1994 el Estado adquirió un predio denominado Donija para entregarlo a la comunidad de Julián Villagrán, pero no lo aceptaron.
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Ante ello, lo reclamó la comunidad de Yolotepec y se les fue entregado en 1977 pero ante esto, Julián Villagrán se arrepiente y solicita que se done a su favor e inician procedimiento jurídico, el cual lleva a los primeros a denunciarlos por el delito de despojo.
Debido a esta controversia, el diputado consideró necesario hacer un llamado a las autoridades federales y estatales para que intervengan en el conflicto comunal.
En otro punto, la diputada Noemí Zitle Rivas refirió que en la comunidad de Cantera de Villagrán, municipio de Tepeji del Río, ejidatarios y un grupo de inversionistas sostienen una disputa por un terreno.
El conflicto tiene su origen desde 1980, cuando, de acuerdo con los habitantes, se les expropio unos terrenos pertenecientes al ejido, mismos que serían indemnizados por aproximadamente 4 millones 300 mil pesos, pero nunca se efectuó ese pago.
La legisladora expuso que raíz de ello se iniciaron procedimientos legales, los cuales derivaron en un fallo a favor de los inversionistas, pero denunciaron que no tienen medios probatorios para sustentar la propiedad del terreno.
Por lo anterior, solicitó la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Procuraduría Agraria Delegación Hidalgo, para agilizar la atención y solución al conflicto por la tenencia de tierras entre los habitantes e inversionistas.
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