Con Hidalgo ubicándose por encima de la media nacional en la prevalencia de violencia contra las mujeres, la diputada María del Carmen Lozano Moreno solicitó al Congreso del Estado exigir al Gobierno Estado y a los 84 ayuntamientos, aplicar el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia.
La legisladora recordó que el abuso sexual infantil es una de las agresiones más violentas contra la integridad física, psicológica y emocional y cuando se manifiesta, afecta de forma significativa y vulnera una serie de derechos como la protección de la salud, la seguridad social, la educación, una vida libre de violencia y su derecho a la paz.
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Además, genera consecuencias físicas, sexuales y psicológicas a corto y a largo plazo, entre ellas lesiones como traumatismos craneoencefálicos y graves discapacidades, especialmente en niños pequeños, provoca estrés postraumático, ansiedad, depresión e infecciones de transmisión sexual (ITS), incluida la infección por el VIH.
Las adolescentes pueden sufrir además otros problemas de salud, como trastornos ginecológicos o embarazos no deseados, “el maltrato infantil puede mermar el rendimiento cognitivo y académico y guarda estrecha relación con el abuso de alcohol, el uso indebido de drogas y el tabaquismo, que son importantísimos factores de riesgo de enfermedades no transmisibles” refirió la diputada.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Hidalgo se ubica por encima de la media nacional en la prevalencia de casos de violencia.
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Por lo anterior, solicitó que sea el Gobierno del Estado mediante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y los municipios, apliquen el protocolo nacional publicado en el 2021, el cual tiene como objetivo garantizar la protección inmediata de niñas, niños y adolescentes víctimas de cualquier forma de violencia directa e indirecta.
Lo anterior, mediante un trabajo de coordinación interinstitucional, en los tres órdenes de gobierno, y apegado a los estándares de derechos humanos bajo el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, contemplado en la Convención sobre los Derechos del Niño.
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