De los más recientes “Diálogos” realizados en Chiapas y Veracruz en torno a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, se desprenden dos posiciones, ambas razonables y fundadas; sin embargo, por el nivel del tono alcanzado en cada una de ellas se advierte un enfrentamiento poco deseable para el producto pretendido en este ejercicio. Son escasas las coincidencias y múltiples los disentimientos. En medio aparecen propuestas atendibles, como inútiles y repetitivos lugares comunes.
Esa valiosa mezcla de conocimiento técnico, experiencias prácticas, visiones ideológicas y discursos inocuos, contiene razonamientos válidos, algunos destacables, y otros francamente inatendibles. El punto es la llegada a un clima poco favorable para la construcción de una reforma necesitada de los respaldos más amplios.
El consenso más evidente, por fortuna, es la necesidad de reformar el sistema nacional de justicia, no solo al Poder Judicial; esto es: hay una aceptación de las debilidades existentes en todas las instancias y agentes responsables de su funcionamiento, y la conciencia del creciente reclamo de las y los justiciables de abatir vicios e insuficiencias para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia.
En contraste se ha escuchado argumentación más sólida desde la academia, no únicamente con razonamientos bien fundamentados en teoría, experiencia histórica de nuestro país y derecho comparado, también en la práctica de la abogacía en el litigio. Lo más destacable es lo propositivo, por ejemplo la intervención de Jaime Cárdenas en Chiapas, con sus propuestas de aplicar el referéndum para resoluciones de la Corte en temas constitucionales, así como para ratificar tratados de derechos humanos, y la revocación parlamentaria, como se hace en Canadá, de las decisiones del tribunal constitucional.
Interesantes también las alternativas de la Fundación para la Justicia, y los señalamientos, del investigador Manlio Fabio Casarín, del profesor Luis Tapia, quien reclamó un diagnóstico para justificar la reforma, y de Marco Barrera Vázquez, activista de derechos humanos, expresados en Veracruz.
Igual desde la judicatura: pronunciamientos a partir de números, estadísticas, razonamientos legales y experiencias en la impartición de justicia; defensa de la carrera judicial y su sistema de selección mediante exámenes de oposición han sido la constante, así como los inconvenientes de la elección directa para cargos de la judicatura, y la defensa de los derechos laborales.
Por el contrario, la ultranza para defender la iniciativa presidencial se estanca en la pobreza argumentativa al reducirse al bono electoral otorgado al próximo gobierno y al Poder Legislativo. Por supuesto hay en ello un valor preponderante, pero valdría más si su carga ideológica dejara la exhibición de cifras y datos en modo acusador y amenazante, y la explicara en toda su justificación democrática sin caer en contradicciones.
De ahí el aumento en el tono de las respuestas de juzgadoras y juzgadores a la descalificación de su trabajo y al insulto de la corrupción generalizada en el ejercicio de sus facultades, como se observó en Veracruz. Esa polarización dificulta solventar la necesidad de articular críticas, observaciones y propuestas, todas las ópticas, incluidas las provenientes del exterior, para un resultado más adelantado al problema.
En todo caso, la magia de la política inteligente debiera aplicarse para convencer sin lastimar.
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