A más de cinco años del operativo policiaco en Asunción Nochixtlán efectuado el 19 de junio de 2016, en el cual murieron ocho civiles y hubo más de 100 heridos por disparos de arma de fuego, la madrugada del sábado se llevaron a cabo las primeras detenciones; se trata de dos mandos de seguridad retirados, uno de la Policía Estatal y otro de extinta Policía Federal (PF).
De acuerdo con fuentes de seguridad, Juan P. A., quien en 2016 se desempeñó como director de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, fue detenido en la ciudad de Oaxaca; mientras Carlos G. R. fue aprehendido en la Ciudad de México.
En esos años formaba parte de la PF, era uno de los agentes que estaban al frente del desalojo solicitado por el gobierno del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016).
El 19 de junio de 2016, elementos de las policías federal, estatal y Gendarmería llevaron a cabo la acción en Asunción Nochixtlán, localidad perteneciente a la región de la Mixteca, donde profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación CNTE) mantenían un bloqueo carretero en protesta por la imposición de la reforma educativa, así como por la detención de integrantes del Comité Ejecutivo Seccional.
A los mandos policiacos la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa los delitos de homicidio y lesiones por las acciones cometidas durante el operativo de 2016; sin embargo el dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Santiago Ambrosio, aseguró que estas detenciones no son suficientes, ya que los mandos son ejecutores de órdenes; es decir ellos no actúan por decisión propia, sino que obedecen órdenes.
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Exigen castigar a altos mandos
Apuntó que debe ser castigada la cadena de mando, misma que se integra por los ahora ex funcionarios estatales y federales, entre ellos Gabino Cué, ex gobernador; Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación; el ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; y el ex comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, entre otros.
Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas, Fortino Santiago López, precisó que la FGR ha cometido varias irregularidades a lo largo de la investigación, la más reciente es que no compartió la información concerniente a la solicitud de las órdenes de aprehensión en contra de los mandos policiacos.
Explicó que en su calidad de víctimas, tal como se les considera en las carpetas de investigaciones, tenían derecho a ser informados, incluso se desconocía los cargos por los cuales fueron imputados los agentes, mismos que se conocieron hasta la audiencia la cual se celebró a las 15 horas de este sábado, esto, señaló pone en alerta a las víctimas y a sus asesores, pues “pareciera que la fiscalía tiene prisa pero sólo para imputar, para procesar al otro operativo, no tienen la intención de tocar a los mandos políticos”.
Por la noche al término de la audiencia que duró unas siete horas, el Ministerio Publicó Federal realizó la imputación de los cargos. Los dos ex mandos policiacos se acogieron al término constitucional de seis días para resolver su situación jurídica, por tal motivo el juez de la causa ordenó prisión preventiva oficiosa, en tanto se resuelve su situación jurídica.
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Además se ordenó su traslado al Cefereso 13 de Mengolí, en el municipio de Miahutlán de Porfirio Díaz. Asimismo pidió que se informe al encargado del centro federal que los dos detenidos formaban parte de cuerpos de seguridad pública a fin de resguardar su integridad física.
Por su parte, Santiago Ambrosio recordó que recientemente el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Oaxaca, Álvaro Niño, se negó a ordenar a la FGR que llamara a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, como parte de las investigaciones, pese a que su nombre figuró en la comparecencia del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que refuerza la teoría de la existencia de un pacto de impunidad entre la administración de Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador para no castigar a la línea de mando política.
Acusó que en Asunción Nochix-tlán ha iniciado el acoso por parte de las fuerzas policiacas, ya que mientras se efectuaba la audiencia de los detenidos, agentes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, realizaron una serie de rondines en esa localidad, esto pese a que existe una medida cautelar emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se ordena que se eviten si no hay motivo.
Por Jorge A. Pérez Alfonso / La Jornada
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