El director jurídico del ayuntamiento de Pachuca, Hugo Armando Vázquez Reséndiz, aseguró que el desplegado de Comunipark es un intento desesperado de la empresa y desestimó la amenaza de que los actos legales de la empresa vayan a afectar las arcas municipales.
Consideró que es un acto desesperado por parte de la empresa porque no ha podido demostrar que sea encontrado operando de manera legal.
Explicó que cuando el presidente municipal Sergio Baños asumió la presidencia municipal, ordenó que se revisarán todos los contratos que se encontraban vigentes, entre ellos el de la empresa de los parquímetros, “en ese momento se detecta que no había cumplido con ciertas obligaciones, se sometió a consideración del Cabildo y el Cabildo dijo adelante, inicien el proceso administrativo”.
Vázquez Reséndiz indicó que el procedimiento administrativo no era otra cosa más que mandar llamar a la empresa para decir: “a ver, creemos que tienes estás omisiones, aclaralas, y si no las aclara, entonces habrá consecuencias, se le notificó a la empresa y se le dieron 15 días hábiles para que previniera sus pruebas, contestará y acudiera a defenderse”.
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“Nunca lo hizo, guardó silencio absoluto. Entonces en un segundo momento se le mandó llamar para que presentará sus alegatos al comité de concesiones, que es un grupo colegiado, para escuchar a sus argumentos y por segunda ocasión ignoraron este llamado”, dijo el director.
El funcionario aclaró que como es de conocimiento público, el 5 de abril se canceló el contrato de la concesión y se le impuso una multa, “y a todo esto que le estoy explicando, la empresa jamás tuvo un acercamiento, nunca llamó por teléfono, ni siquiera hubo un correo electrónico en el que dijera: ‘es qué tengo este problema, no puedo acudir, no tengo los papeles, se me quemaron, se me perdieron o quiero solicitarlos o se encuentran en otra área”.
En esa circunstancia, el director jurídico expuso que como se trataba de un procedimiento, tenía que concluir con una resolución y la resolución fue que ante la evidente falta de interés jurídico por parte de la empresa concesionaria de defenderse y hacer uso de su derecho de réplica y al no tener pruebas a su favor, se confirmó que estaba operando con total ilegalidad el servicio de parquímetros que se le concesionó.
Dijo que si bien es cierto había un contrato, el mismo estaba condicionado a que tramitará todo tipo de permisos y autorizaciones a nivel federal, estatal y municipal, cosa que nunca hizo y así estuvo los últimos seis años.
Indicó que firmaron el contrato, pero sobre los permisos, no tramitaron los que tenían que hacer, “haga de cuenta que de 10 permisos que tenían que sacar, sólo terminaron con dos y los demás los omitieron, pero no pueden coexistir o subsitir uno con el otro y en ese sentido es cuando se clausuran”.
“La verdad es que es lamentable que después de 2 meses vengan y pretendan hacerse pasar como las víctimas y engañar a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a toda persona interesada en este tema, porque ellos tuvieron su derecho de defenderse y no lo hicieron, no lo ejecutaron”, puntualizó.
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El director jurídico consideró que se trata de argumentos veriles que no tiene ninguna fundamentación, “ya que lo que ellos llaman acoso, no es otra cosa más que las visitas que se le hizo a la empresa para citarlos a que comparecieran. Y si a eso le llaman acoso, creemos que no están bien asesorados”.
Vázquez Reséndiz indicó que fueron tres o cuatro ocasiones las notificaciones, porque así lo marca el procedimiento, “la primera fue para decirles que tienen 15 días hábiles para defenderse, la segunda fue para decirles qué tienes tal día para presentar y decir alegatos, y la tercera fue para notificar la resolución para informarles de la cancelación del contrato y que estuvieran enterados del objeto de la multa”.
No obstante reconoció los dos juicios que la empresa interpuso ante el tribunal administrativo, aunque señaló que no tendrá consecuencias para el ayuntamiento toda vez que el contrato está cancelado.
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