JORGE GONZÁLEZ CORREA DIRECTOR DE LA JORNADA HIDALGO PRESENTE
Me dirijo a usted, ejerciendo mi derecho consagrado en el artículo 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º y 15 de la LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO DE RÉPLICA.
Hacemos referencia a la columna Punto Por Punto de Leonado Herrera titulada “Del destierro a la Secretaría de Salud”, publicada en la edición del 10 de abril de los mes y año en curso, en la cual se apuntan una serie de mentiras y calumnias, por lo que vengo a EJERCER EL DERECHO DE RÉPLICA mediante el siguiente texto, no sin antes recordar que el citado Artículo 15 señala: “Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia”.
De la calumnia a la Secretaría de Salud
El ejercicio de la función pública requiere seriedad y profesionalización, y no permite espacio para la calumnia, la intriga y las fobias personales, dado que están en juego acciones y decisiones que buscan el bien común.
En el caso particular del cargo que desempeño como Presidenta Municipal de Tizayuca, por el que fui electa popularmente, permitir la difamación más que afectar a mi persona pone en riesgo el bienestar de cientos, miles de familias, ya que acciones de diversas instituciones y otros órdenes de gobierno, que deberían ser institucionales, pueden tomar un cauce dictado por las pasiones personales.
Por ello es preciso desmentir una serie de calumnias de las que fui objeto en estas páginas, firmadas por Leonardo Herrera.
El columnista asegura que “un grupo de hombres” encabezado por mí, “ex jefa” de la hoy secretaria de Salud estatal, rodeó a una entonces diputada local “para obligarla a dejar su curul”, pero que la “repentina aparición” de una compañera “la salvó de renunciar al Congreso local”. En el mismo texto se lee que a “la médica cirujana” se le pidió que “solicitara licencia para que llegara su suplente”.
Las escenas son sin duda dignas de una película, pero de argumentos fáciles y simplones, ya que en la vida real e institucional dejar un cargo de elección popular requiere de un proceso legal y en el caso concreto de un legislador, como también lo fui, debe atenderse la Ley Orgánica del Congreso.
Es decir, debe haber una iniciativa legislativa, discusión en comisiones y votación en el pleno, por ejemplo. No basta con que un grupo de ciudadanos se encuentre con un diputado en la calle, lo interpele y lo haga chillar para que éste se eche a correr y renuncie.
Otra mentira es que la entonces diputada “acordó” dar “la mitad de su sueldo y así ocurrió durante varios meses, hasta que por diversas razones este se suspendió”. Ni si quiera entraré en detalles de preguntar cómo cualquier persona en su sano juicio aceptaría dar la mitad de su salario a otra sin denunciar oportunamente si de un delito se tratara.
En otra incoherencia narrativa en el citado texto se dice que “acompañada de 9 sujetos”, en la “sede del Congreso local” se le exigió a la diputada “que firmara la renuncia que llevaba elaborada” y que “cuando estaba a punto de hacerlo en medio de lágrimas” llegó otra diputada.
En la realidad no hay entes que se materialicen cuando tienes problemas y te salven. Lo que sí hay en el Congreso es un servicio de seguridad y filtros de ingreso, 30 diputados de diferentes bancadas y, en las oficinas de cada uno de los legisladores, personal que trabaja de cerca con ellos, entre asesores y administrativos. No es que un diputado trabaje en el rincón más lúgubre, incomunicado, y nadie se entere si vive o muere.
Además, sumando a los personajes de este incoherente cuento, y en eso la aritmética sí es precisa, tenemos a una servidora y “9 sujetos”, así como dos diputadas entonces en funciones, pero además se atreven a utilizar el nombre de una exSecretaria estatal, el de una Subsecretaria en funciones, el del jefe del Ejecutivo estatal y el de una candidata presidencial.
En total 16 personas involucradas en un texto titulado “Del destierro a la Secretaría de Salud”.
¿Cuántos de ellos autorizaron tales mentiras? ¿Cuántos de ellos están dispuestos a manchar instituciones como las que llevan por vocación proveer salud y bienestar a nuestro pueblo a cambio de visiones y fobias personales?
Si la fuente es una sola, como estoy segura que fue, hay 15 involucrados que merecemos respeto y, por encima de las personas, un pueblo que confía en sus instituciones y representantes al momento de elegirlos.
Susy Ángeles.
