Pachuca denuncia por consultoría fantasma al gobierno de Sergio Baños

Durante la entrega-recepción de esta nueva administración encontraron varias irregularidades, una de ellas fue la consultoría y asesoría de alrededor de 9 millones de pesos.

Según la síndica jurídica, Jenny Marlú Melgarejo Chino, informo que la contratación, que se llevó a cabo entre marzo y agosto de 2021, habría incluido diversos servicios y programas que, hasta el momento, carecen de evidencia sobre los entregables estipulados en el contrato.

De acuerdo con el expediente ingresado por la síndica procuradora jurídica, ante la Procuraduría del Estado, el contrato fue adjudicado a mediante licitación pública.

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Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, se detectaron inconsistencias importantes, ya que la documentación y los productos que debían respaldar el cumplimiento de los servicios contratados no han sido encontrados.

Entre los entregables mencionados en el contrato figuraba, por ejemplo, la creación de reglamentos y otros documentos útiles para el municipio. Según la síndica, no existe evidencia de que dichos materiales hayan sido elaborados o entregados.

Esto motivó que la síndica jurídica iniciara el procedimiento legal correspondiente, con el objetivo de determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. El caso se encuentra en etapa de integración, lo que significa que aún no se ha señalado a una persona específica como responsable.

La empresa contratada, así como cualquier otra persona involucrada, tendrá la oportunidad de responder a las investigaciones. Expresó que, si se requieren más datos o información adicional, esta será proporcionada para dar continuidad al proceso.

Señaló que además de este caso, se está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los contratos y trabajos realizados en otras áreas y secretarías durante la administración anterior. El objetivo es garantizar que todo lo ejecutado con recursos públicos esté debidamente justificado.

Aunque no se ha identificado a un beneficiario directo del dinero pagado por los servicios, las autoridades han subrayado su compromiso con la transparencia y la legalidad. “No es un tema personal, sino institucional”, aclaró.


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