El Congreso del estado tuvo una semana bastante movida en temas de violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTIQ+.
Se presentaron iniciativas al Código Penal para:
- Crímenes de odio: que no es un nuevo delito, sino una agravante para lesiones y homicidio. Esto significa que si se comete por cuestiones de orientación sexual, racismo, cultura, sexo, discapacidad, religión u otra, la pena se aumente.
- Violencia económica contra mujeres embarazadas. Que tampoco es un nuevo delito, solo se adicionará al delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, que las mujeres embarazadas pueden denunciar si no han recibido la pensión durante su embarazo. Se contempla una pena de 6 meses a 3 años de prisión.
También se presentó una reforma a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca incluir la Alerta de Género y el Protocolo Alba que busca obligar a las autoridades a la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.
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Por último se aprobó una reforma tanto al Código Penal como a la Ley de Acceso, para contemplar la violencia vicaría que es una forma de violencia en la cual el agresor hace daño físico, psicológico a les hijes u otras personas con un lazo familiar o afectivo con la mujer. Tampoco es un nuevo delito, sino una variante más de la violencia familiar.
Se le llama demagogia punitiva al uso del derecho penal y penitenciario por parte del estado para generar ideas o promesas de solución a los problemas que enfrentamos pero que se utilizarán para un fin político.
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La presentación de estás iniciativas no son victorias para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, pero se presentan de esa forma en los medios de comunicación y las redes sociales. Nos dan la sensación de seguridad, de menos impunidad o corrupción pero la realidad es distinta. Casi todas estas propuestas surgieron por casos mediáticos que escandalizaron a nuestra sociedad.
Ante la falta de respuesta del ejecutivo para atender sus obligaciones en cuanto a la prevención, el poder legislativo responde aumentando penas y de alguna manera, pareciera que están cumpliendo con su trabajo.
Lo sería si admitieran que han agotado todos los recursos posibles y que no hay de otra más que utilizar al derecho penal, porque el aumento de penas y la creación de nuevos delitos no es otra cosa que un fracasó de la política pública del estado.
¿O es que la labor legislativa se reduce a proponer reformas penales?
Posdata:
No, aún no hay titulares de la Comisión de Víctimas Estatal y la Comisión de Derechos Humanos.
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